Álvaro Uribe busca eliminar dos impuestos: uno fue culpable de que Falcao no siguiera en Millonarios y el otro afecta las transferencias

El impuesto al patrimonio y el 4x1.000 serían eliminados bajo la propuesta tributaria alternativa que el Centro Democrático impulsó mediante un borrador presentado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la ley de rescate fiscal o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El partido plantea suprimir el gravamen a los movimientos financieros (GMF) desde 2027 y reemplazar la dependencia de nuevos impuestos con recortes al gasto, inversión privada y otras fuentes de recursos públicos.

Dentro del borrador propone retirar el impuesto al patrimonio, uno de los factores decisivos que afectaron la continuidad de Radamel Falcao García en Millonarios, ya que, al superar los 183 días en el país, el futbolista adquiría la condición de residente fiscal en Colombia, algo que lo obligaba a declarar y tributar sobre su patrimonio y rentas a nivel mundial (poseídos en España, Mónaco y otros países) y no solo lo generado en Colombia.

Como se recordará, solo por el impuesto al patrimonio, la obligación se calculaba en alrededor de $3.548 millones (con una tasa de hasta el 1,5% para patrimonios superiores a 72.000 unidades de valor tributario. Sumado a la retención en la fuente y otros gravámenes, la carga tributaria total ascendía a aproximadamente $5.800 millones, una cifra que superaba ampliamente los ingresos del contrato ofrecido por el club.

Entre tanto, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1.000, es un impuesto que se cobra en Colombia sobre determinadas operaciones dentro del sistema financiero. La tarifa equivale a $4 por cada $1.000 movilizados, es decir, el 0,4% del valor de la transacción.

El descuento se aplica de forma automática en operaciones como:

• Retiros de dinero.
• Transferencias.
• Pagos con tarjeta débito.
• Giros.
• Débitos automáticos.

También puede alcanzar movimientos hechos mediante cuentas bancarias y billeteras digitales, según las condiciones de cada operación. Las entidades financieras no reciben esos recursos como ingreso propio. Los bancos actúan como agentes de recaudo y transfieren el dinero al Gobierno nacional, que lo destina al financiamiento del gasto público, la salud y programas sociales.

En la actualidad, en Colombia, las cuentas de ahorro tienen en 2026 una exención mensual del 4x1.000, de hasta 350 unidades de valor tributario (UVT). Con la UVT fijada en $52.374, el límite alcanza $18.330.900: los retiros, transferencias y débitos que no superen esa cifra durante el mes no generan el cobro. En el caso de los depósitos de bajo monto, como algunas cuentas de billeteras digitales, el tope es de 65 UVT, equivalente a $3.404.310 mensuales.

La Ley 2277 de 2022 estableció que el beneficio debía aplicarse de forma acumulada entre las cuentas de una misma persona, sin necesidad de marcar un único producto financiero. No obstante, la implementación de los sistemas de información entre entidades continúa de forma gradual, por lo que varios bancos mantienen la regla de designar una sola cuenta para la exención de 350 UVT. Los movimientos que excedan los límites mensuales quedan sujetos a la tarifa del 0,4%.

Menor carga tributaria

Para el partido, una menor carga tributaria puede impulsar la actividad productiva, ampliar la inversión empresarial, fortalecer las exportaciones y favorecer la creación de empleo.

La iniciativa entró al debate legislativo como una alternativa al proyecto del Gobierno nacional que ya cursa en el Congreso de la República. Uribe presentó el documento como un texto inicial que recoge observaciones de la bancada, expertos económicos, empresarios y representantes de distintos sectores sociales.

Dicha colectividad coincide en que las finanzas públicas requieren un ajuste, pero rechaza que ese proceso dependa principalmente de gravámenes adicionales para los ciudadanos. Su planteamiento combina reducciones tributarias, austeridad estatal, recuperación de obligaciones pendientes, endeudamiento mediante bonos y una eventual venta de activos públicos.

Impuestos que el Centro Democrático propone reducir o eliminar

Además de eliminar el impuesto al patrimonio y el 4x1.000, el borrador propone bajar del 20% al 10% el impuesto a los dividendos. También contempla reducir del 15% al 10% el gravamen sobre las ganancias ocasionales, con el propósito de aliviar las cargas aplicadas a empresas e inversionistas.

El partido plantea, además, disminuir del 35% al 15% el impuesto de renta sobre ingresos procedentes de nuevas exportaciones con valor agregado. La propuesta vincula esa rebaja con el objetivo de estimular la inversión empresarial y mejorar las condiciones para que más actividades productivas lleguen a mercados externos.

El listado de tributos que la colectividad propone retirar incluye:

• Impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
• Impuesto de timbre.
• Gravámenes a la gasolina y al carbono.
• Eliminación del impuesto a las bolsas plásticas.
• Gravámenes sobre plásticos de un solo uso, sin diferenciarlos como cargas separadas.

También, el Centro Democrático cuestionó el impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de la canasta familiar y actividades vinculadas con el campo. Sus reparos abarcan:

• Alimentos.
• Maquinaria agrícola.
• Fertilizantes.
• Agroquímicos.
• Café, cuya eventual mayor tributación, advirtió el partido, podría afectar a cerca de 500.000 familias cafeteras.

La propuesta rechaza aplicar IVA al acceso a internet de los hogares de los estratos 1, 2 y 3, así como una tarifa del 19% sobre las plataformas de inteligencia artificial. También pide revisar los aumentos tributarios que podrían recaer sobre los seguros médicos privados, y advierte que mayores impuestos a la cerveza y los licores afectarían ingresos que reciben los departamentos.

Recortes al Estado y reparos al IVA propuesto por el Gobierno

El paquete fiscal prevé una reducción más amplia del gasto de funcionamiento y del tamaño del Estado. La colectividad plantea “revisar más de 200 entidades públicas para eliminar o fusionar aquellas que, a su juicio, duplican funciones o pueden dejar de operar, además de fijar una meta mínima de ahorro”.

De igual forma, considera insuficiente el componente de austeridad que el Gobierno contempla en la ley de rescate fiscal. Por ello, sostiene que el ajuste debe incluir una reducción de la estructura estatal antes de trasladar la mayor parte del esfuerzo a los contribuyentes mediante nuevos impuestos.

Mientras que la estrategia para compensar los menores ingresos tributarios incluye un descuento extraordinario de capital para deudores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). El incentivo buscaría acelerar el pago de obligaciones pendientes y, según los cálculos del borrador, podría aportar entre $10 y $15 billones.

El documento también propone que las empresas suscriban durante cinco años bonos del Estado equivalentes al 20% de sus utilidades anuales. Esos títulos tendrían plazos de entre 10 y 20 años y podrían negociarse en el mercado, como fórmula para cubrir inicialmente el faltante derivado de las rebajas tributarias.

Bonos empresariales, cartera y venta de activos públicos

El Centro Democrático incluyó dentro de las posibilidades de financiación la venta parcial de la participación estatal en Ecopetrol. El texto plantea evaluar operaciones similares con Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y otras empresas relacionadas con la petrolera, además de una eventual venta de oleoductos de propiedad de la compañía.

La colectividad cuestionó la producción de Ecopetrol, el valor de la empresa y los dividendos que recibe el Gobierno. No obstante, el borrador no presenta la venta de acciones u oleoductos como una decisión tomada, sino como una alternativa que busca abrir la discusión sobre el manejo de los activos públicos.

El plan reconoce que el esquema de bonos empresariales supondría un mayor compromiso financiero para el Estado. En el escenario más adverso contemplado por el documento, la deuda pública podría crecer hasta en 13 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).