
La agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso avanza a dos velocidades. Mientras una de sus apuestas en seguridad ya se convirtió en ley y el proyecto para simplificar trámites empresariales superó su primer filtro, varias iniciativas económicas y administrativas siguen pendientes. Entre ellas está el ajuste fiscal, que ha generado reparos incluso en sectores cercanos al Ejecutivo.
El primer resultado llegó con la sanción de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026. La norma establece un nuevo marco jurídico para preservar el orden público y facilitar el sometimiento a la Constitución y la ley de actores armados ilegales o terroristas. También contempla medidas para desmontar estructuras criminales, impulsar transformaciones territoriales integrales, reparar a las víctimas y facilitar su tránsito ordenado hacia la legalidad.
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La disposición tiene 28 páginas y modifica, adiciona y prorroga artículos de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Busca articular las acciones de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales con mecanismos de sometimiento voluntario individual o colectivo.
El Estado podrá facilitar el acogimiento de grupos criminales, el desarme y el desmantelamiento de economías ilícitas. La ley establece beneficios penales condicionados al resarcimiento de las víctimas.
Las iniciativas que avanzaron y las que siguen en espera
Otro proyecto que superó una etapa en el Legislativo fue la ley de competitividad o antitrámites. Las comisiones sextas conjuntas aprobaron la iniciativa, que busca simplificar procedimientos para crear empresas, registrar propiedades y adelantar trámites urbanísticos. La propuesta tiene respaldo de distintos sectores políticos, incluidos congresistas independientes. Sin embargo, debe pasar a las plenarias de Senado y Cámara para su segundo debate por separado.
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El panorama fue distinto para el Presupuesto General de la Nación de 2027. Aunque el Congreso aprobó en segundo debate un monto de $634,95 billones, tras su discusión en comisiones primeras conjuntas y en las plenarias de ambas cámaras, el documento terminó expidiéndose por decreto del Gobierno nacional.
Las jornadas de debate permitieron evitar una comisión de conciliación. Se esperaba que la Cámara aprobara el mismo texto avalado por el Senado. No obstante, el documento espejo contenía un error que llevó al Ejecutivo a expedir por decreto la carta de gastos para la siguiente vigencia.

La decisión dejó por fuera incorporaciones estratégicas: cerca de $3 billones para salud, recursos adicionales para inversión en educación y partidas destinadas a subsidiar los servicios públicos de energía y gas por redes.
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Seguridad, ajuste fiscal y agenda regional
Entre los proyectos pendientes aparece el Estatuto Antiterrorista, estructurado por el exministro de Gobierno Rodrigo Lara. La iniciativa fue concebida como una ley estatutaria para entregar herramientas extraordinarias al Ejecutivo y a los organismos de seguridad frente a organizaciones armadas y sus redes económicas.
El proyecto faculta al Gobierno para incluir en una lista nacional a grupos armados, como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, además de sus redes de apoyo. También está pendiente la Ley de Rescate Fiscal, una de las propuestas más controvertidas de la agenda gubernamental. Fue radicada ante las comisiones económicas con mensaje de urgencia e insistencia para acelerar su discusión conjunta.
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La iniciativa plantea un ajuste fiscal cercano a los $70 billones, mediante facultades extraordinarias para fusionar entidades públicas, reducir el gasto estatal e introducir cambios tributarios. Ha recibido críticas de la oposición y de congresistas de bancadas cercanas al Gobierno. Entre los reparos están los posibles aumentos de gravámenes sobre pólizas de salud y medicina prepagada, cuestionados incluso desde el Centro Democrático.

A la agenda se suma el paquete regional y el acto legislativo Barranquilla Capital Alterna. La propuesta busca modificar el artículo 322 de la Constitución para reconocer a Barranquilla como capital alterna de la República y permitir que De la Espriella gobierne desde la capital del Atlántico. El paquete incluye iniciativas para reducir las tarifas de energía en la región Caribe.
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Uno de los próximos asuntos que abordará el Legislativo será el segundo debate de la Ley de Regalías para 2027-2028, junto con la adición presupuestal de $2,7 billones solicitada por el Gobierno.
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