Un equipo de la Procuraduría General de la Nación llegó en la tarde del viernes 14 de febrero a las oficinas de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) para vigilar la inspección que desde hace más de un día adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La presencia del organismo de control responde a su función de vigilancia preventiva, en el marco de una averiguación preliminar en curso y tras la denuncia de congresistas por presunta “extralimitación de funciones” por parte de la entidad, que aseguran tuvo acceso a chats provados del celular de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.
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El documento oficial emitido por el ente de control precisa que la visita tiene como finalidad “recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva”. Para ello, la Procuraduría Delegada requerirá documentación, formulará inquietudes y preguntas, además de presentar observaciones y recomendaciones relacionadas con la inspección de la SIC.
El equipo que asiste a la inspección está compuesto por diez funcionarios de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes levantarán un acta con posterioridad a la visita.
Garantía de transparencia en el proceso
En el marco de sus competencias, la Procuraduría estableció que “resulta necesario que la visita sea atendida por los servidores de la SIC que se encuentran efectuando la visita a Naturgas, para que cada uno en el ámbito de sus competencias comparezcan con el expediente administrativo electrónico o físico y aporten la información y documentación requerida”.
Además, se aclaró que, en caso de que los documentos solicitados tengan carácter reservado, se deberá informar oportunamente y sustentar dicha clasificación con base en la normativa vigente. Esto, con el fin de “garantizar la debida reserva ante terceros” y mantener el debido proceso en la actuación administrativa.
La Procuraduría enfatizó que esta visita se realiza en ejercicio de sus funciones de “vigilancia preventiva y control de gestión”, con el propósito de velar por la legalidad y transparencia en las actuaciones de la Superintendencia. Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.
Cabe recordar que, esta no es la primera vez que la Procuraduría tiene en la mira a la SIC por presuntas irregularidades en sus inspecciones. El 13 de febrero, el ente de control formuló cargos disciplinarios contra 16 funcionarios de esa entidad, incluyendo al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez.
La decisión se debe a presuntas irregularidades cometidas en inspecciones administrativas realizadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores en marzo de 2024.
De acuerdo con el Ministerio Público, las inspecciones buscaban investigar posibles irregularidades en la contratación de pasaportes con el consorcio Thomas Greg & Sons, una empresa previamente vinculada a controversias en procesos contractuales. No obstante, según la Procuraduría, los funcionarios de la SIC habrían excedido sus competencias legales, vulnerando derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que, durante la inspección en la Registraduría, los funcionarios de la SIC accedieron a información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral, vinculada a procesos electorales entre 2019 y 2024. La Procuraduría señaló que estos datos no guardaban relación alguna con el objeto de la investigación sobre la contratación de pasaportes, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.
El informe también destaca que la SIC habría recolectado información confidencial mediante imágenes forenses de correos electrónicos, computadoras y dispositivos móviles personales sin contar con una orden judicial. Entre los dispositivos afectados se encontraba el teléfono del gerente de informática de la Registraduría, Alejandro Alberto Campo Valero, quien, según el expediente, fue presionado para entregar acceso a su dispositivo bajo amenaza de sanciones.
Con la formulación de cargos disciplinarios, la Procuraduría podría imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensiones e inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Mientras tanto, se espera que los funcionarios implicados presenten sus descargos en el marco del proceso disciplinario en curso.
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