Hermana de Margarita Rosa de Francisco interpuso tutela para que no la saquen del consulado de Colombia en Miami: asegura que vulneraron su debido proceso

Adriana de Francisco, hermana de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, ha presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular una sentencia que la removió de su cargo en el consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos.

La decisión judicial, emitida el 6 de febrero de 2025 por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró nulo el decreto que había permitido su nombramiento en el puesto de Primer Secretario de Relaciones Exteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con los documentos presentados por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien actúa como apoderado de Adriana de Francisco, la sentencia vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad. La tutela busca que el Consejo de Estado revoque la decisión del tribunal y, en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda de nulidad electoral que originó su destitución.

El conflicto se remonta al Decreto 1045 del 26 de junio de 2023, mediante el cual Adriana de Francisco fue designada en provisionalidad como Primer Secretario de Relaciones Exteriores, con código 2112 y grado 19, dentro de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este nombramiento la adscribió al consulado general de Colombia en Miami. Sin embargo, el proceso de nulidad electoral, identificado con los radicados No. 25000234100020230105300 y 25000234100020230106500 acumulados, concluyó con la anulación de dicho decreto.

La sentencia del tribunal argumentó que el nombramiento de Adriana de Francisco no cumplía con los requisitos legales establecidos, lo que llevó a su destitución. Según el abogado Calderón España, esta decisión judicial no solo carece de fundamento jurídico sólido, sino que también constituye una violación al debido proceso de su representada.

En la acción de tutela presentada, el abogado de Adriana de Francisco solicita al Consejo de Estado que ampare el derecho al debido proceso de su clienta y que, como consecuencia, anule la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, pide que se rechacen las pretensiones de la demanda de nulidad electoral que dio lugar a la controversia.

Entre los argumentos expuestos, Calderón España destaca que la sentencia del tribunal no respetó los principios de legalidad y proporcionalidad, elementos esenciales en cualquier decisión judicial. Asimismo, subraya que el proceso de nulidad electoral fue tramitado en única instancia, lo que limita las posibilidades de apelación y revisión de la decisión.

Como parte de la acción de tutela, el abogado ha solicitado que se tengan en cuenta como pruebas los expedientes acumulados bajo los radicados mencionados, así como la providencia judicial que es objeto de la tutela. También ha adjuntado el salvamento de voto emitido en el marco de la sentencia, el cual, según él, refuerza los argumentos en favor de su representada.

En cuanto a las notificaciones, el abogado Calderón España ha proporcionado su correo electrónico para recibir comunicaciones relacionadas con el proceso, mientras que Adriana de Francisco ha indicado su dirección electrónica oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca puede ser notificada en su sede en Bogotá o a través de su correo institucional.

Este caso pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir en los procesos de nombramiento en cargos diplomáticos, especialmente cuando se cuestiona la legalidad de los mismos. La decisión que tome el Consejo de Estado no solo tendrá un impacto directo en la situación laboral de Adriana de Francisco, sino que también podría sentar un precedente en materia de nulidad electoral y garantías procesales en Colombia.

La acción de tutela presentada por Adriana de Francisco busca revertir una decisión que, según su defensa, vulneró sus derechos fundamentales. Ahora, el Consejo de Estado deberá evaluar los argumentos y pruebas presentados para determinar si procede la anulación de la sentencia y el restablecimiento de su nombramiento en el consulado colombiano en Miami.