
El abogado del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, Jhonatan Peláez, se pronunció sobre la situación judicial de su cliente, asegurando que la gran mayoría de los procesos en su contra fueron archivados o precluidos. A través de su cuenta en la red social X, el defensor señaló que, pese a las múltiples denuncias presentadas contra el congresista, estas no prosperaron en la Corte Suprema de Justicia.
Peláez explicó que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ha conocido más de 20 denuncias contra Polo Polo, pero, según su declaración, en la mayoría de los casos no se encontraron fundamento suficiente para avanzar en las investigaciones.
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“Al congresista Miguel Polo Polo le han abierto más de 20 procesos. La mayoría han sido archivados o precluidos, además de varias inadmisiones de denuncias que la propia Corte ha realizado de oficio”, afirmó el abogado.
Las denuncias en contra del congresista suelen estar relacionadas con delitos como injuria, calumnia y retractación, debido a que sus declaraciones sobre temas polémicos han derivado en procesos judiciales. En varias ocasiones, sus afirmaciones lo llevaron ante la Corte Suprema de Justicia, como cuando expresó su escepticismo frente a la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, lo que resultó en una denuncia en su contra. En otro caso, protagonizó una disputa con el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, tras acusarlo de haber financiado a la Primera Línea.

El defensor enfatizó que la Corte Suprema de Justicia, encargada de adelantar las investigaciones contra los aforados constitucionales bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000, garantizó la imparcialidad en estos procesos. “A lo largo de estos procesos, la Sala Especial de Instrucción ha demostrado imparcialidad, como lo evidencian los múltiples archivos y preclusiones cuando no encuentran fundamento en las denuncias”, añadió.
Cabe destacar que, la Ley 600 de 2000 es el Código de Procedimiento Penal que rigió en Colombia hasta la entrada en vigor del sistema acusatorio en 2005, aunque aún se aplica para ciertos aforados constitucionales, como congresistas y altos funcionarios. Este modelo se basa en un sistema de instrucción mixto, donde la investigación es dirigida por un juez, en este caso, la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de aforados. La norma establece un proceso escrito y con mayor intervención judicial desde la fase investigativa, diferenciándose del sistema penal acusatorio vigente para la mayoría de ciudadanos.
“A lo largo de estos procesos, la Sala Especial de Instrucción ha demostrado imparcialidad, como lo evidencian los múltiples archivos y preclusiones cuando no encuentran fundamento en las denuncias. También hemos sido testigos de las garantías que brindan sus magistrados en las audiencias presenciales a las que asistimos. De hecho, todos los magistrados de la Sala han sido ponentes en algún proceso contra Miguel Polo Polo”, se lee la publicación de Jhonatan Peláez, en X.

El pronunciamiento de Peláez se registró en medio de la defensa que adelanta en favor de Polo Polo, que aún enfrenta dos casos en los que la Sala Especial de Primera Instancia prefirió acusaciones en su contra. No obstante, el abogado reiteró que, en su criterio, no existen pruebas que sustenten los cargos formulados.
“Compareceremos ante la Sala Especial de Primera Instancia para ejercer su defensa en los dos casos en los que se ha proferido acusación, respecto de los cuales sostenemos que no existen evidencias que acrediten los cargos formulados”, indicó.
El congresista Miguel Polo Polo es una figura polémica en el ámbito político colombiano, y sus declaraciones y actuaciones provocó reacciones tanto de sus seguidores como de sus críticos. En este contexto, el número de denuncias en su contra es significativo, pero su defensa sostiene que la justicia ha actuado con objetividad al evaluar cada caso.
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