Caso Álvaro Uribe: estas son las dilaciones que ha tenido el proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal

El martes 11 de febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta un proceso penal por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

La decisión se debe a una medida cautelar interpuesta por el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, liderado por la togada Sandra Heredia, al considerar que no estaría brindando garantías al proceso judicial, tras negar una recusación sin un estudio detallado de la solicitud.

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Ante la decisión del alto tribunal, se conocieron reacciones de ambos bandos. Mientras que el equipo del expresidente Uribe celebró la determinación, la bancada de presuntas víctimas, en cabeza del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consideró que se trata de una campaña de desprestigio contra los jueces de la República, y denunció que esta suspensión sería una nueva maniobra para la preclusión del caso.

“La desesperada y tramposa búsqueda de la prescripción judicial que reemplaza la defensa trasparente de la inocencia: esa es la estrategia de impunidad del expresidente Álvaro Uribe”, escribió el congresista en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que el caso se ha suspendido por decisiones tribunales.

Cronología del caso

En el 2012, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por supuestos nexos con grupos paramilitares en Antioquia.

Al considerar que no hubo avance en ello, en septiembre del 2014, Cepeda, ya en calidad de senador, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar posibles riesgos de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Al mismo tiempo, Uribe denunció al congresista por supuesta manipulación de testigos.

Tras una investigación de cuatro años, en 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el caso contra Cepeda, y decidió iniciar un proceso contra el exmandatario, al considerar que sería él quien supuestamente estaría manipulando testigos.

Un año después, Uribe rindió indagatoria ante la Corte, donde quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal, pero en agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra el entonces senador del Centro Democrático.

Preclusiones de la Fiscalía

Tras la medida, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado, por lo que su proceso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, ya que los delitos por los que se acusa al expresidente no estaban relacionados por su actividad en el legislativo.

Desde ese momento, la bancada de víctimas ha manifestado en varias oportunidades que fue el comienzo de una etapa donde no se avanzó en la investigación, luego de que el caso quedará en manos de Gabriel Jaimes, fiscal designado por Francisco Barbosa, alto funcionario de la entidad acusatoria en su momento.

La primera solicitud de precluir el caso por soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe fue a finales de 2021, donde el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, manifestó su desacuerdo con la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, en abril de 2022, la jueza del caso decidió negar la petición y regaño a Jaimes por desviar la atención del proceso.

Cuatro meses después, se registró el cambio de fiscal, de Gabriel Jaimes a Javier Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte, quien solicitó nuevamente la preclusión del caso Uribe en el mes de octubre de ese año.

Sin embargo, en mayo de 2023, la justicia volvió a negar la solicitud, y mencionó que hay varios aspectos por los que el expresidente tendría que ir a juicio. Pese a la apelación por parte del delgado del ente acusatorio, en octubre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de la Corte.

Finalmente, en abril de 2024, tras un nuevo cambio de fiscal en el caso, la Fiscalía adoptó la decisión de que el mandatario sea llevado a un juicio por los delitos mencionados. En caso de que el proceso no se resuelva, expertos jurídicos aseguraron que este se precluirá el 8 de octubre de 2025, es decir, que el expresidente Álvaro Uribe será absuelto de los delitos.