La Universidad Nacional canceló polémica licitación de seguridad: costaba casi $100 mil millones

La Universidad Nacional de Colombia decidió declarar desierto el proceso de licitación para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad en sus nueve sedes, un contrato valorado en 98.614 millones de pesos.

Esta decisión se tomó luego de que el único oferente, la Unión Temporal Alianza Segura , no cumpliera con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, lo que generó un rechazo automático de su propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

El contrato, que buscaba garantizar la seguridad en todas las sedes de la universidad, había sido objeto de controversias desde su inicio en diciembre de 2024.

Entre las principales críticas se encontró el hecho de que el proceso no fue publicado en el Secop II, la plataforma oficial para la contratación pública en Colombia, sino únicamente en la página web de la Universidad Nacional de Colombia. Esto ocurrió durante el período de vacaciones, lo que pudo haber limitado la participación de otros oferentes y generó dudas sobre la transparencia del proceso.

De acuerdo con un informe emitido por la Universidad Nacional, la Unión Temporal Alianza Segura, conformada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada, no cumplió con un requisito clave: la realización de una visita técnica obligatoria a las nueve sedes de la universidad.

Este incumplimiento, estipulado en el numeral 2.3 de los pliegos de condiciones, fue suficiente para que la propuesta fuera rechazada, según lo establecido en el capítulo V de las causales de rechazo del proceso.

La institución explicó que la visita técnica era un paso fundamental para garantizar que los oferentes conocieran las necesidades específicas de cada sede y pudieran presentar propuestas ajustadas a las exigencias del contrato. Al no cumplir con este requisito, la Unión Temporal quedó automáticamente descalificada, lo que llevó a la Universidad Nacional de Colombia a declarar desierto el proceso.

El proceso de licitación estuvo rodeado de críticas y señalamientos desde su inicio. Según Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, el manejo del contrato presentó un “alto riesgo de corrupción” debido a la falta de control, transparencia y publicidad. Torres señaló que el hecho de que solo se presentara una oferta podría ser indicativo de un proceso diseñado a la medida de un contratista específico.

Uno de los puntos más polémicos fue la decisión de publicar la convocatoria únicamente en la página web de la universidad el 20 de diciembre, en pleno período de vacaciones, en lugar de hacerlo en el Secop II, como lo exige la normativa para las entidades públicas. Además, el proceso se cerró en un plazo de un mes, un tiempo considerablemente más corto que los tres meses que suelen tomar este tipo de contrataciones, lo que generó aún más sospechas sobre la celeridad del trámite.

Torres también denunció que los pliegos de condiciones contenían requisitos “exorbitantes y desproporcionados”, lo que habría limitado la participación de otras empresas interesadas. Según el representante profesoral, estas exigencias podrían haber sido diseñadas para favorecer a un único oferente, lo que calificó como un posible caso de “pliego sastre”.

Dos empresas que inicialmente manifestaron interés en participar en la licitación presentada oficios al rector de la universidad, Leopoldo Múnera, expresando su descontento con los términos del proceso. La empresa Seguridad Montevideo Ltda. Señaló que varios de los requisitos establecidos en los pliegos eran desproporcionados y no cumplían con la normativa del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. En su comunicación, la compañía afirmó que estas condiciones llevaron a que muchas empresas, incluida la suya, desistieron de presentar propuestas.

Por su parte, Zona de Seguridad Ltda. también expresó su inconformidad en un documento dirigido al rector. La empresa criticó que las observaciones realizadas por varios interesados no fueron tenidas en cuenta, lo que, según ellos, generó dudas sobre la imparcialidad del proceso. Además, destacaron que la falta de pluralidad de oferentes no garantizaba una competencia justa ni una asignación adecuada del contrato.

Ambas empresas coincidieron en que los requisitos establecidos, como la sobrecalificación del personal y las exigencias de infraestructura física, no tenían una incidencia real en la prestación del servicio, pero sí limitaban la participación de otros competidores.

La decisión de declarar desierto el contrato deja a la Universidad Nacional de Colombia en la necesidad de iniciar un nuevo proceso de licitación para garantizar la seguridad en sus sedes. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la publicidad en los procesos de contratación pública, especialmente en contratos de alto valor como este.

Aunque la universidad justificó su decisión con base en el incumplimiento de los requisitos por parte del único oferente, las críticas sobre la falta de pluralidad y las posibles irregularidades en el diseño del proceso siguen generando cuestionamientos. Este episodio podría llevar a una revisión de los procedimientos internos de contratación de la institución para evitar situaciones similares en el futuro.