La crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo ha alcanzado niveles alarmantes, afectando no solo a la población civil, sino también a la administración de justicia. La creciente violencia entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN ha obligado a dos jueces a abandonar sus cargos debido a graves amenazas contra su vida, lo que evidencia el deterioro del Estado de derecho en esta zona del país.
La difícil situación en el Catatumbo ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 84.683 personas han sido afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Además, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ha informado que al menos 55.000 personas han sido desplazadas en los últimos 20 días debido a la intensificación de la violencia en la región.
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Este contexto de conflicto ha creado serias dificultades para la presencia del Estado y la administración de justicia. La declaración del Estado de Conmoción Interior por parte del Gobierno nacional refleja la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa la zona, en la que la labor de jueces y servidores judiciales se ve obstaculizada por amenazas, riesgos de desplazamiento y la imposibilidad de ejercer sus funciones en zonas controladas por grupos armados.
Ante esta grave situación, se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Justicia de Cúcuta con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad en las que operan los jueces en esta región. En el encuentro participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque; el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra; y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo.
Desde municipios como Río de Oro y González, en el departamento del César, viajaron jueces de Norte de Santander y el César para exponer las dificultades que afrontan en el ejercicio de sus funciones. Además, funcionarios judiciales de distintos municipios del Catatumbo como El Carmen, El Tarra, Río de Oro, San Calixto, Hacarí, La Playa, Sardinata, González, El Zulia, Tibú, Puerto Santander, Convención, Cúcuta, Los Patios y Teorama, expresaron las dificultades que enfrentan diariamente. Entre los problemas mencionados destacan:
- Amenazas directas contra sus vidas.
- Imposibilidad de estar presencialmente en los juzgados debido a la inseguridad.
- Interrupción de diligencias judiciales en zonas rurales.
- Riesgo constante de desplazamiento forzado por la presencia de actores armados ilegales.
Durante la reunión, el magistrado Tejeiro Duque dirigió un mensaje de apoyo a los jueces, asegurando: “Quiero que se sientan acompañados por la Corte Suprema de Justicia. No están solos. Ustedes son la justicia”. Enfatizó, además, la importancia de proteger a los jueces: “El país debe arropar a sus jueces, el país debe proteger a sus jueces, el gran protector del ciudadano es el juez, y la sociedad y el Estado deben proteger al juez”.
El presidente de la Corte Suprema también destacó la valentía de los jueces que, a pesar de las dificultades, han seguido prestando el servicio de justicia en medio de la crisis. “Los jueces han seguido prestando el servicio, han enfrentado los riesgos y garantizado que la ciudadanía tenga administración de justicia, y esos son valores que tenemos que reconocer”, subrayó.
La urgencia de proteger a la justicia en zonas de conflicto se ha convertido en un tema prioritario para el sistema judicial; dado que, sin garantías de seguridad para los jueces, la administración de justicia en estas regiones se torna inviable.
El magistrado Tejeiro Duque hizo un llamado a fortalecer las medidas de protección para los servidores judiciales y reiteró la importancia de dotarlos con herramientas necesarias para administrar justicia en condiciones extremas. “La justicia es un pilar fundamental de la sociedad y debemos garantizar su funcionamiento, aún en las circunstancias más adversas”, concluyó.
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