Olmedo López, vinculado al escándalo de la Ungrd, pidió reforzar su esquema de seguridad de manera urgente: “No desean que la verdad salga a la luz”

En un comunicado emitido este jueves 6 de febrero de 2025, Olmedo de Jesús López Martínez expresó su arrepentimiento por los hechos en los que se ha visto involucrado y solicitó urgentemente a las autoridades ampliar su esquema de protección ante las amenazas que ha recibido él y su familia tras su decisión de colaborar con la justicia.

En el mensaje, López reconoció los errores cometidos y pidió disculpas a su familia, la sociedad y las instituciones del país. “Las decisiones que tomé afectaron su tranquilidad y pusieron en riesgo su bienestar”, afirmó en referencia a sus seres queridos, quienes, según sus palabras, han llevado una carga injusta debido a sus acciones.

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El exfuncionario señaló que ha decidido asumir su responsabilidad plenamente y que está dispuesto a devolver los recursos públicos que recibió de manera indebida. Asimismo, aseguró que ha aportado pruebas documentales, periciales y testimonios que permiten esclarecer los hechos y comprometer a los responsables. “Entiendo que contar la verdad es el primer paso hacia la reparación”, manifestó.

Sin embargo, esta determinación de colaborar con la justicia ha traído consigo un alto costo personal. En su carta, López denunció que ha sido objeto de amenazas constantes en contra de su vida y la seguridad de su familia, lo que lo llevó a hacer un llamado urgente al Estado para garantizar su protección. “Al denunciar y cooperar, he adquirido enemigos poderosos que no desean que la verdad salga a la luz”, advirtió.

El exfuncionario subrayó que la justicia no solo debe centrarse en el castigo, sino también en la reparación y la reconciliación. “Sé que este camino no es fácil, pero es el único que considero digno y correcto”, afirmó. No obstante, insistió en que ningún ciudadano debería temer por su vida al decidir cooperar con la verdad y reiteró la necesidad de contar con garantías de seguridad para él y su familia.

El llamado de López cobra relevancia en un contexto donde se han registrado múltiples denuncias sobre la falta de protección efectiva para testigos e informantes en procesos judiciales de alto perfil. La Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de brindar esquemas de seguridad a personas en riesgo, ha sido objeto de críticas por demoras y deficiencias en la implementación de medidas efectivas para quienes se encuentran en situaciones vulnerables debido a su colaboración con la justicia.

El caso de López pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para quienes deciden aportar pruebas en investigaciones judiciales. En su mensaje, el exfuncionario dejó en claro que su intención es enfrentar las consecuencias de sus actos y trabajar por redimir su nombre, pero enfatizó que esto no debería significar poner en peligro su vida ni la de su familia.

“Nadie debería arriesgar su vida por hacer lo correcto”, escribió en su carta, destacando que la exposición a represalias no solo afecta a los colaboradores de la justicia, sino que también puede disuadir a otras personas de denunciar actos de corrupción por miedo a represalias.

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial de las autoridades sobre su solicitud de protección. Sin embargo, el caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para quienes, como López, deciden dar un paso al frente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

En sus palabras finales, López reiteró su compromiso con la justicia y la verdad, agradeciendo a la opinión pública por su comprensión y asegurando que continuará colaborando en los procesos judiciales en los que esté involucrado. “Espero que este proceso sea una lección de responsabilidad, verdad y redención”, concluyó.

El pronunciamiento de López plantea una vez más la responsabilidad del Estado en garantizar la integridad de quienes, pese a los riesgos, deciden denunciar y aportar pruebas en procesos judiciales. Su llamado a la protección es una advertencia sobre la vulnerabilidad de los testigos en Colombia y la necesidad de que las autoridades tomen medidas urgentes para evitar que estos casos terminen en tragedia.