El 4 de febrero se conoció que la Corte Constitucional terminó con las restricciones que existían en el territorio colombiano para comercialización de aguardiente, determinando con esto que era ilegal prohibir la venta de este tipo de licor por disposición de los gobernadores de turno.
De esa forma, el Aguardiente Amarillo de Manzanares, que es propiedad de la Industria Licorera de Caldas, podrá volver a ser vendido a nivel nacional, lo que fue celebrado por múltiples personas en el país, además del exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, que indicó que esta decisión es positiva para todas las industrias.
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“De esta manera, todos los aguardientes producidos en Colombia podrán circular, como corresponde, en todo el territorio nacional, sin restricción alguna, y los consumidores, independientemente del lugar del territorio colombiano en donde se encuentren, podrán escoger libremente el aguardiente de su preferencia”, se lee en el fallo de la Corte Constitucional.
Debido a que se ha generado la duda general sobre desde que fecha se podrá volver a comercializar este tipo de productos en el territorio nacional sin restricciones, la Corte Constitucional aclaró que el efecto de su decisión es inmediato.
“Esta decisión resulta trascendental para el desarrollo de la industria de licores en Colombia, especialmente, la industria del aguardiente, pues al estar todas las empresas obligadas a competir, generarán productos con mayor innovación y desarrollo con el propósito de ganarse la preferencia de los consumidores, y trabajarán buscando el mejoramiento de los procesos de producción y venta de los aguardientes en el mercado nacional e internacional trasladando a sus clientes las eficiencias generadas en ambientes totalmente competitivos”, fue como desde la Industria Licorera de Caldas celebraron la decisión.
¿Cómo cambiará esta decisión a la industria de licores en Colombia?
En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Garzón, es profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, con Especialización y magíster en Economía, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional es positiva.
“El balance es positivo, la decisión de la corte es acertada porque garantiza que no existan mercados en los que se configuren monopolios, se garantiza el derecho de los consumidores de elegir los productos que cumplan las normas sanitarias y condiciones de ley, eso incentiva la mejora de los productos, mejora los precios, crea condiciones favorables para un mercado en el que debe imperar la libre y justa competencia”.
El experto indicó que esta decisión “elimina las barreras en un mercado en el que injustificadamente se ha consolidado un monopolio en el país” y que las empresas beneficiadas serán las que tengan un mejor producto final.
“Puede tener un efecto en los ingresos de algunos departamentos, porque las empresas licoreras están a cargo de los departamentos, por un lado, de la producción y por el otro, de los impuestos de las estampillas, en la medida que se favorezca la competencia y se eliminen las barreras, va a generar que los aguardientes de algunos departamentos entren a otros territorios y se beneficien los que son más competitivos o preferidos por los consumidores”, declaró Garzón.
Garzón manifestó que las empresas que no estén preparadas para competir tendrán una reducción en sus ganancias, pero afirmó que los responsables de este impacto serán los directivos que no han mejorado la calidad de su licor.
“Eso puede reducir los ingresos de algunos departamentos, ahora, creo que no es más que una muestra de que es favorable fomentar la competencia, no alentar a empresas departamentales que no han sido eficientes, hay algunas que son casos dramáticos en las que fueron saqueadas y no han tenido incentivos para ofrecer buenos productos y si eran protegidas por la ley para el monopolio”.
Nicolás Garzón indicó que las industrias que quieren una competencia sin barreras son las mismas que “se preocuparon por generar mejores productos y se van a beneficiar, pero el aspecto más positivo será para el cliente”.
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