Fiscal reveló escabrosos detalles del modus operandi del asesino serial de miembros de la comunidad Lgbti+

En la tarde del martes 4 de febrero de 2025, se llevó a cabo la audiencia judicial de Leonardo Quevedo Turizo, un colombo-venezolano considerado asesino serial de miembros de la comunidad Lgbti+; puntualmente, por los homicidios contra el médico panameño José Luis Santamaría Castillo y José Ariel Jiménez Rodríguez.

En la diligencia judicial, se llevó a cabo el interrogatorio al acusado, que sirvió para contrastar las versiones y el contexto en que Quevedo Turizo habría asesinado a estos dos ciudadanos en sus respectivos apartamentos.

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El presunto asesino detalló que era un estudiante de Finanzas, dedicado a la venta de elementos tecnológicos a través de plataformas como Mercado Libre o Marketplace de Facebook, y que el pago de sus estudios y objetos personales, especialmente tecnológicos, los conseguía gracias a su empleo en una empresa de telefonía y a la ayuda de un tío religioso.

El fiscal del caso contrastó la versión, al detallar que, una vez Quevedo Turizo se ganaba la confianza de sus víctimas, contactadas a través de plataformas de citas o redes sociales, las asesinaba para robarles artículos tecnológicos y posteriormente venderlos a través de las plataformas que él mismo mencionó, o de lo contrario, las utilizaba para su uso personal.

“En esas escenas había confianza, porque lo dejaron ingresar, porque no hubo ninguna alteración de las chapas para decir que alguien ingresó de manera violenta a esos lugares (...) había confianza, que llegó, incluso, a escenas sexuales”, dijo el fiscal del caso.

Del mismo modo, explicó que, los peritos forenses determinaron que las víctimas, en este caso Santamaría Castillo y Jiménez Rodríguez, murieron por heridas con arma cortopunzantes en el pecho y cuello, con propósito de degollamiento.

Además, que en uno de los casos, intentó de manera infructuosa quemar el cadáver para desaparecer posibles evidencias que lo incriminaran. “(...) Procede a realizar maniobras de ocultamiento del cadáver de la víctima, llevando el cuerpo al baño y generando un incendio con la finalidad de destruir elementos materiales probatorios que estuvieran en la escena de los hechos, tales como, el cuerpo de la víctima José Luis Santamaría Castillo”, explicó el fiscal.

Por su parte, en medio del interrogatorio, Quevedo Turizo explicó que se consideraba una persona que le gustaba “vestirse bien” y darse gustos personales, al frecuentar lugares costosos, ubicados principalmente en el norte de Bogotá y comprar artículos de valor; por ello, recalcó que no era una persona de comprar artículos o prendas de vestir de segunda.

Ante esto, el fiscal cuestionó el porqué tenía en su poder dos celulares de alta gama y una chaqueta de cuero, las cuales presumía en sus redes sociales, y que se comprobó que pertenecían a una de sus víctimas.

Por último, el fiscal del caso destacó que en el patrón de comportamiento en los dos asesinatos, podrían considerarse crímenes de odio. “Es que no es casualidad de las dos víctimas sean homosexuales, y se escogía a esas víctimas, hombres homosexuales, por una razón, eso no era al azar, la razón era inspirada en móviles de intolerancia, discriminación respecto a la orientación sexual de las víctimas”, aseveró el fiscal. Y resaltó otros presuntos crímenes cometidos por Quevedo Turizo, David Stiven Mosquera Cobo y Yeison Molina Cifuentes, de los cuales no está formalmente imputado, pero sus muertes contarían con el mismo modus operandi.

“No hay ni una sola mujer, no hay un hombre heterosexual, no hay una mujer transexual. La víctimas son hombres homosexuales (...) con lesiones dirigidas al cuello, ahí hay una firma del agresor, y ¿qué era lo que se hurtaba de los lugares? elementos tecnológicos, dispositivos electrónicos”, detalló.

La juez del Juzgado 25 penal circuito programó el juicio de Quevedo Turizo para el 7 de abril de 2025, a las 11:30 a. m., por los delitos de homicidio agravado, destrucción de material probatorio y hurto calificado, enfrentando una posible condena entre los ocho y 16 años de prisión.