
Por motivos de seguridad, los estudiantes de la sede B del Colegio Santa Bárbara de Ciudad Bolívar, ubicado al sur de Bogotá, tuvieron que ser reubicados en otras sedes de la institución para que puedan continuar con sus estudios. Esto, debido a que la sede B representa un riesgo para los alumnos, docentes y demás personal, teniendo en cuenta que hay un riesgo de movimientos de masa.
En consecuencia, la Secretaría de Educación de Bogotá optó por la reubicación de los estudiantes, luego de llevar a cabo ocho mesas de diálogo, en aras de garantizar que 400 familias no se vean perjudicadas por la suspensión de clases en la sede. Según la Secretaría de Gobierno, se ofrecieron alternativas de rutas escolares para los niños, niñas y adolescentes que viven lejos de las sedes en las que fueron reubicados.
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Sin embargo, hay padres de familia en desacuerdo con las medidas implementadas por la Secretaría de Educación y algunos estudiantes de otra sede del colegio se unieron a ellos y mostraron su descontento, junto con algunas otras personas manifestantes, que protestaron a las afueras de la institución educativa. De acuerdo con la secretaria de Educación, Isabel Segovia, estas personas bloquearon la puesta del colegio y la vía pública.
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Incluso, funcionarios de la Secretaría de Gobierno crearon cordones de seguridad para proteger a los estudiantes que llegaron a sus clases. Además, una persona mayor fue agredida por intentar ingresar a la estación de TransMilenio, que también estaba bloqueada.
Criticada presencia de la Undmo en el lugar
En consecuencia, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, envió a uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para controlar la situación. Su presencia quedó registrada en varias grabaciones, lo que generó malestar entre algunos políticos y agrupaciones, que cuestionaron la respuesta de la administración local ante las exigencias de la comunidad.
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Pues, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), las familias y estudiantes están pidiendo a la Secretaría de Educación tener en cuenta una propuesta de arrendamiento para que los alumnos de la sede B puedan continuar sus estudios sin tener que ser repartidos en otras sedes. “El colegio está en asamblea permanente y continúa con acciones pacíficas y cuya respuesta ha sido enviar a la UNDEMO (sic). La @adebogota y el magisterio bogotano están en alerta ante decisiones de la Alcaldía que afectarán a la educación”, afirmó.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra también se pronunció, calificando de “lamentable” el tratamiento del alcalde Carlos Fernando Galán a las familias y a los estudiantes. El funcionario no solo criticó el hecho de que hubiera enviado a la Undmo al lugar, sino que, pese a que algunas personas de la comunidad no están de acuerdo con la reubicación de los alumnos, se haya recurrido a una supuesta “imposición” de la medida.
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“En lugar de escuchar y buscar soluciones a las demandas de la comunidad, ha optado por recurrir a la violencia. Su discurso tecnócrata no ha servido más que para ignorar las voces de la ciudadanía, imponiendo decisiones desde una perspectiva alejada de las necesidades reales de la población”, indicó el congresista del Pacto Histórico.

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez se unió a las críticas, indicando que las familias están pidiendo otras soluciones diferentes a la reubicación, para así poder contar con que los niños, niñas y adolescentes de la sede puedan permanecer unidos y continuar sus procesos académicos sin problema. Además, quieren evitar gastos por desplazamientos y prefieren salvaguardar el arraigo que tienen en el lugar.
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“Ante estas exigencias, la Administración del alcalde @CarlosFGalan lo único que hace es responder enviando la fuerza pública para intimidar a madres y padres de familia que se oponen al desplazamiento”, aseveró.

No obstante, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, la administración ofreció varias alternativas a las familias afectadas por los riesgos de la sede B, para garantizar un traslado efectivo y sin mayores inconvenientes. De la totalidad de las familias, 32 todavía están a la espera de una formalización de reubicación; el resto entendió la situación y aceptó las medidas implementadas.
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Asimismo, informó que hay acudientes que se enfrentaron a los manifestantes que estaban bloqueando las entradas de las otras sedes, exigiendo que permitieran el acceso para que sus hijos pudieran ingresar a las aulas a estudiar. “Las vías de hecho no son el camino, vulnerar el derecho a la educación de más de 1000 estudiantes no es la forma de resolver problemas”, aclaró.

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