El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible por los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán.
Aunque la Corte Constitucional ordenó esta medida hace más de siete años, su ejecución sigue pendiente, lo que ha generado preocupaciones sobre sus efectos ambientales y sociales en la región.
El Tribunal señaló en su auto que la funcionaria no ha cumplido con el cronograma fijado, ha faltado a reuniones clave y ha justificado los retrasos con la falta de recursos.
De las 31 mesas de concertación previstas con las comunidades, únicamente seis se han llevado a cabo, lo que mantiene en vilo a campesinos, agricultores y mineros tradicionales, quienes han visto afectadas sus actividades productivas durante casi una década.
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El Tribunal advirtió que el incumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 por parte de la ministra representa una vulneración a los derechos fundamentales protegidos por la Corte Constitucional. La falta de avance en la delimitación del páramo de Santurbán no solo prolonga la incertidumbre para las comunidades afectadas, sino que también podría derivar en sanciones económicas significativas en su contra.
Por otro lado, tambien señaló que el incumplimiento de la sentencia no solo vulnera los derechos fundamentales reconocidos en el fallo, sino que también ha intensificado los problemas ambientales en la región. De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación, la falta de medidas ha favorecido el avance de la minería ilegal y ha incrementado la contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, alcanzando niveles hasta 40 veces superiores a los permitidos internacionalmente. El organismo advirtió que la inacción del Ministerio de Ambiente es un factor clave en la crisis que enfrenta el territorio.
“La grave situación ambiental en la zona, marcada por la minería ilegal y una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos es consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio”, explicó el Ministerio Público en su momento.
Ante esta situación, la ministra tiene un plazo de cinco días para explicar las razones del incumplimiento o acatar las órdenes judiciales, bajo riesgo de enfrentar sanciones económicas de gran magnitud. Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo han reiterado la necesidad de definir la delimitación del páramo antes de implementar nuevas regulaciones, como la creación de una zona de reserva en siete municipios de Soto Norte. Además, han exigido que el proceso garantice la participación de las comunidades locales, en concordancia con el Acuerdo de Escazú y los fallos de la Corte Constitucional.
El proceso de delimitación del páramo de Santurbán permanece estancado desde hace más de siete años, una situación que ha generado preocupación entre los organismos de control. La falta de avances, sumada a la postergación de reuniones y la ausencia de estrategias claras para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional, mantiene en incertidumbre a municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga, entre otros, donde las comunidades siguen a la espera de una solución definitiva.
Ivonne González, veedora ciudadana y representante de los pequeños mineros legales de Vetas, celebró la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de abrir un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente. “Las comunidades recibimos con esperanza el desacato que se le acabó de abrir a la doctora Susana Muhamad, como Ministra de Ambiente, ya que lo creemos justo y necesario. La Ministra lleva tomando el pelo, burlándose de esta sentencia, de las comunidades, del tribunal, y de la Corte Constitucional y no ha querido darle cumplimiento a la delimitación que ya debería estar solucionada”, comentó.
En cuanto a que es un incidente de desacato, según el Ministerio del Trabajo, es una figura legal diseñada para que el juez constitucional, en el marco de sus facultades disciplinarias, pueda imponer sanciones como arresto o multas a quienes incumplan las órdenes de tutela destinadas a garantizar derechos fundamentales.
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