
En el barrio La Esmeralda de Yopal, en el departamento de Casanare, persiste la preocupación de cientos de familias que llevan más de una década esperando una vivienda digna. El proyecto ‘Torres del Silencio’, que debía reubicar a hogares en condición de vulnerabilidad, terminó convirtiéndose en una estructura inacabada y deteriorada.
La obra fue gestionada a través del convenio No. 001 entre el departamento de Casanare, el Instituto de Vivienda Urbana y Rural de Yopal y el constructor Iader Wilhem Barrios Hernández. Sin embargo, el tiempo ha pasado y las edificaciones quedaron a medias, obligando a muchas familias a habitarlas en condiciones precarias.
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Pablo Cala, uno de los afectados, expresó a la emisora W Radio su frustración ante la falta de soluciones concretas.
“Este proyecto inició en 2006 como una acción popular, ahora llevamos años esperando una solución definitiva de vivienda. Hay muchas familias en peligro porque la estructura está en riesgo de colapsar, esto no es un elefante blanco, es un mamut de corrupción”, denunció.
Karina, lideresa comunitaria, explicó que la sentencia judicial para ejecutar el proyecto se emitió en 2006, la adjudicación se concretó en 2011 y en 2015 los trabajos se paralizaron sin mayores avances. “La sentencia fue en 2006, la adjudicación se logró en 2011, y en 2015 la obra se frenó, no hubo avance y nos tocó ingresar a él en las condiciones en las que estaba, vivimos en una construcción que quedó a medias y hoy hay que demolerla”, afirmó.
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El monto inicialmente destinado para la obra en 2011 fue de 14 mil millones de pesos. No obstante, la construcción ni siquiera alcanzó el 60% de ejecución antes de quedar en el abandono.
Ante la denuncia, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, aseguró para la W Radio que se está evaluando una solución para las familias afectadas, aunque los recursos son limitados.
“Nuestra propuesta es darles otra solución de vivienda, derrumbar esas torres y reconstruirlas hoy tiene un costo que supera los 80 mil millones de pesos, ni el municipio ni la Gobernación tienen ese dinero por recortes de regalías. Ya tuvimos una reunión con las 218 familias del barrio La Esmeralda y allí pensamos en las soluciones, puede ser construirles una casa nueva en el mismo sector o reubicarlos en otro lote”, explicó.
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Mientras las autoridades analizan alternativas, las familias siguen viviendo en estructuras inestables y con el temor constante de que la situación no tenga una salida a corto plazo.
En medio de esta crisis, en mayo de 2024, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció la entrega de subsidios de arriendo por seis meses para las familias damnificadas. “Nosotros podemos ofrecer subsidios de arrendamiento a personas damnificadas en el marco de una calamidad pública que ya fue declarada. Esas personas que están en el registro de damnificados recibirán la ayuda transitoria”, indicó.
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A pesar de que este proyecto no es competencia directa de la UNGRD, Carrillo reafirmó su intención de colaborar con las autoridades locales para destrabar el proceso de demolición y reconstrucción, el cual no ha avanzado porque 240 apartamentos siguen ocupados.
Sobre esta gestión, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, resaltó que “la conclusión es que la UNGRD, a pesar de no ser de su competencia, está buscando la forma de ayudarnos con subsidios de arrendamiento, que es el cuello de botella que tiene el proyecto hoy y es el mensaje que le llevamos a la comunidad”.
Tanto el gobernador como el alcalde de Yopal agradecieron el respaldo del Gobierno nacional y manifestaron su disposición de trabajar en conjunto para lograr una solución definitiva que garantice a estas familias el acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, los afectados siguen esperando que las promesas se conviertan en acciones concretas.
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