La Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y, pese a que el tema había quedado en la sombra, la mano derecha del presidente volvió a reavivar la polémica.
De hecho, según información conocida por El Colombiano, la recién nombrada canciller, Laura Sarabia, solicitó al ente investigador declarar voluntariamente sobre lo que conoce de este caso.
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Hasta donde se conoce, la diligencia quedó programada para el próximo 27 de febrero, en un contexto donde se indagan posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña.
El caso ha tomado relevancia debido a que la Fiscalía examina si se violaron las normas sobre financiación de partidos políticos, incluyendo posibles infracciones a los topes establecidos para el uso de recursos.
En este proceso, varias figuras del actual Gobierno han sido vinculadas a la investigación. Entre ellas, destaca el exsenador y actual asesor Armando Benedetti, quien recientemente no acudió a una citación de la Fiscalía, siendo esta la segunda vez que incumple un llamado para declarar sobre el tema.
Entretanto, aunque la condición de aforada de Laura Sarabia implica que su juez natural en materia penal es la Corte Suprema de Justicia, su participación en esta diligencia buscaría aportar información relevante sobre los hechos investigados.
Hasta el momento, no se ha confirmado qué aspectos abordará Sarabia en su declaración, pero su decisión de colaborar con las autoridades podría ser clave para esclarecer los hechos.
Sin embargo, la nueva canciller había solicitado a la Fiscalía desde noviembre de 2024 la programación de una declaración juramentada. En una carta a la fiscal encargada, la entonces directora del Dapre reafirmó su disposición para colaborar con el proceso judicial.
Según informó la comunicación, Sarabia se encontraba lista para rendir su testimonio y contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso.
En la misiva dirigida a Sandra Helena Portilla Constaín, fiscal séptima delegada ante la Corte, Sarabia expresó su compromiso con las autoridades judiciales.
“Acudo a su despacho para reiterarle que estoy a su entera disposición para declarar en la investigación que usted adelanta, tal y como lo he manifestado a través de mi abogado, el doctor Jorge Mario Gómez. En el transcurso del día se estará comunicando nuevamente para agendar hora y fecha”, señaló en el documento.
Entretanto, la investigación se centra en determinar si durante la campaña presidencial de Gustavo Petro se incurrió en irregularidades relacionadas con el origen y destino de los recursos utilizados. Este proceso también busca establecer si se respetaron los límites legales en el manejo financiero de la campaña, un aspecto fundamental en el marco del régimen de financiación de partidos y movimientos políticos en Colombia.
Uno de los puntos críticos en esta investigación es la ausencia de Armando Benedetti en las citaciones realizadas por la Fiscalía. El exsenador y actual asesor del Gobierno no se presentó a la última convocatoria, lo que representa la segunda vez que incumple un llamado para declarar sobre su posible conocimiento y participación en los manejos financieros de la campaña presidencial.
En paralelo a las diligencias de la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también ha tomado acciones en medio de esta investigación.
De hecho, el pasado 28 de enero, esta comisión realizó una inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo de esta visita fue revisar el expediente relacionado con los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes lideran la investigación que el CNE lleva a cabo sobre la campaña de Gustavo Petro.
La inspección se centró en obtener información detallada sobre las actuaciones del CNE en este caso, que también involucra al exgerente de campaña Ricardo Roa, los auditores y los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana. Este proceso busca determinar si se cumplieron las normativas electorales y si existieron irregularidades en el manejo de los recursos durante la campaña presidencial.
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