
Las crecientes dificultades de conflictividad social y orden público, entre otros fatores que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país, exigen acciones estructurales y de mayor coordinación para mantener la continuidad y confiabilidad del suministro. Esa es la principal conclusión del informe económico “Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana”, que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
En 2024, se registraron 147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos. En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables del garantizar el suministro.
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La creación de este CNO esta es una de las principales propuestas y prioridades planteadas en el informe, que registra lo sucedido en el sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios representantes de los minoristas y consumidores finales.
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Servicio público esencial
Al respecto, el presidente de la ACP, Frank Pearl, aseguró que la distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país.
Según advirtió, “para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país. Por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía”.
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Además de la creación del Consejo Nacional de Operación, será necesario, agregó el dirigente, avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles y desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF).
Demanda se mantiene en crecimiento
De acuerdo con el informe, el consumo total de combustibles líquidos registró los siguientes indicadores:
- Gasolinas, diésel y jet, en 2024, creció un 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día).
- La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, lo que evidenció que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años.
- El consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%.
Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, fue necesaria la importación del 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de jet A-1.
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Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual, según la ACP, considerando la capacidad actual de producción, implicará importaciones estructurales:
- Gasolina: hasta del 35% entre 2025 y 2030.
- Diésel: hasta del 10% entre 2027 y 2030.
- Jet: hasta del 16% entre 2025 y 2030.
La proyección no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.
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$9,1 billones de aportes fiscales
Según cálculos de la ACP, en 2024, las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), generaron 264.000 empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional, y $3,9 billones a las entidades territoriales.
Finalmente, el presidente de la ACP, Frank Pearl, reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias”.
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