
Seis generales retirados de la Policía y de las Fuerzas Militares que estuvieron bajo las órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro, advirtieron que la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el 21 de junio de 2026, pondrá a prueba la seguridad, la democracia y la solidez institucional de Colombia.
Los exfuncionarios coinciden en que en las urnas se decide el rumbo de la seguridad, el orden constitucional, la fortaleza de las instituciones y la gobernabilidad del país. También plantean que el próximo gobierno deberá reforzar a la fuerza pública, aunque discrepan sobre si militares y policías en servicio activo deben tener derecho al voto.
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El mayor general (r) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, puso el foco en las consecuencias políticas y de seguridad de la contienda. “Estas elecciones van a definir seguridad, el fortalecimiento de la democracia, la confianza inversionista, la confianza en las instituciones y, por supuesto, el ejercicio de gobernabilidad”, dijo en entrevista con Semana.

El mayor general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, llevó la discusión al terreno institucional. “La integridad y autonomía de las ramas del poder público. Particularmente, hay que proteger a las altas cortes, ellas son el mecanismo de supervivencia más efectivo de una democracia, porque permea con el filtro de la Constitución y las leyes cualquier acto del Ejecutivo o del Congreso que desborde el orden jurídico”, expuso.
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Para el brigadier general (r) Néstor Caro, excomandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, la segunda vuelta también compromete la situación de seguridad y la posición externa del país. “En la segunda vuelta presidencial está en juego la recuperación de la seguridad nacional, el mantenimiento de la democracia en nuestro país y el fortalecimiento de las instituciones legítimamente constituidas del Estado. Así como recuperar la confianza internacional”, dijo al medio citado.
Por su parte, el brigadier general (r) Giovani Valencia, excomandante de la Tercera División del Ejército, planteó una advertencia sobre el marco constitucional. “Lo que se juega en la segunda vuelta presidencial es el orden constitucional y, como consecuencia, las libertades. Es la democracia en sí misma la que está en riesgo”.
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En la misma línea, el brigadier general (r) José James Roa, exdirector de Carabineros de la Policía, vinculó la elección con la estabilidad del país. “Colombia atraviesa un problema de fortaleza institucional que coloca en peligro la democracia, el rumbo político, económico e institucional del país durante los próximos cuatro años. Debemos reconocer que está en riesgo la estabilidad política, económica, alimentaria y la libertad de cada colombiano”.
La visión de los exfuncionarios sobre la seguridad y la fuerza pública

Los exuniformados, además de la advertencia electoral, opinaron sobre los retos del próximo gobierno, en particular, el control territorial, la capacidad operativa y el respaldo institucional. El mayor general (r) Salamanca reclamó recomponer la relación con Estados Unidos.
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“El reto que tiene el nuevo gobierno es volver a una relación normal, en lo diplomático, lo comercial y la seguridad, con los Estados Unidos. Para mí, es una de las mayores prioridades que tendría el próximo gobierno, porque es nuestro principal aliado”, dijo Salamanca a Semana.
Sobre el frente interno, el exdirector de la Policía pidió revisar la estrategia estatal ante el avance de los grupos armados. “Empezar a replantear la estrategia del mismo Estado frente a la expansión de grupos armados en el país. Las economías ilícitas están fortaleciendo a los grupos armados organizados en el territorio y, por supuesto, empezando a fijar un control territorial a la ofensiva”.
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Desde su conocimiento, expuso que “hay zonas donde, realmente, la criminalidad está campeando. En esa ofensiva, el nuevo gobierno deberá valorar cómo la cooperación policial internacional debe hacerse presente en nuestro país para atacar la criminalidad de manera articulada. La inteligencia tiene que anticiparse para evitar desmanes en el país. Yo sí creo que ha habido un debilitamiento de las capacidades de la inteligencia”.
Mientras que Sanabria reclamó más margen de acción para la fuerza pública y una orientación clara en el uso de las herramientas jurídicas. “Su capacidad de acción, colocar el torque al máximo en el avance militar sobre los grupos armados ilegales para el control territorial. A la Policía, simplemente, dejarla actuar, porque es el cuerpo policial con más facultades en el mundo. A los militares y policías hay que instruirlos sobre los DD. HH. sí permiten hacer, cambiar el lenguaje del ‘no se puede’”.
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A su turno, el excomandante Caro pidió una política de seguridad nacional que articule los instrumentos del Estado y que proteja a los uniformados en el plano legal. “El nuevo conductor político debe diseñar una estrategia de seguridad nacional que se convierta en su política de seguridad, donde combine la acción de todos los instrumentos de poder del Estado”.
De igual manera, “se debe brindar seguridad jurídica a la fuerza pública. En el nivel táctico, se debe reentrenar a las fuerzas y suministrarle los recursos económicos suficientes para su funcionamiento adecuado”, señaló.
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Valencia puso el acento en la moral, las capacidades de combate y la anticipación tecnológica. “Se debe mejorar en la moral y en la inversión de las capacidades de los elementos del campo de combate. La asistencia de nuevas tecnologías es indispensable para ir adelante; es decir, tener el concepto de la anticipación por encima de la reacción”.
Roa, por su parte, habló de fortalecer desde adentro a la institución policial y militar. Conforme a lo expuesto en el diálogo , “en el próximo gobierno se deben fortalecer la autonomía institucional, las capacidades logísticas y humanas de la fuerza pública desde su interior”, y remarcó que sin ese soporte ningún país es viable.
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