La decisión de la Fiscalía de haber archivado la indagación por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias contra el general en retiro Jhon Jairo Rojas reconfiguraría el panorama judicial de uno de los oficiales que habría estado bajo escrutinio interno en la fuerza pública.
El caso, que también habría incluido otras líneas de investigación, habría concluido con la determinación de que no existirían elementos que permitieran tipificar conducta delictiva, según el análisis del expediente.
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De acuerdo con el documento conocido por la revista Semana, la decisión habría sido adoptada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El ente acusador habría concluido que las diligencias debían ser archivadas “por atipicidad objetiva”, al no encontrarse circunstancias fácticas que sustentaran la existencia de un delito en los hechos analizados.
Este archivo se suma a otras decisiones similares adoptadas en investigaciones por presunto peculado y celebración indebida de contratos, que también habían sido cerradas previamente a favor del oficial en retiro.
En conjunto, estas determinaciones fortalecen la versión que el propio Rojas ha sostenido públicamente: que habría sido víctima de un supuesto montaje al interior del Ejército para frenar su ascenso y carrera militar.
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El origen de las indagaciones se remonta a informes internos que señalaban presuntos nexos del entonces comandante con estructuras ilegales en el suroccidente del país.
Uno de los documentos clave habría sido elaborado por el general Federico Mejía y remitido al entonces inspector de la institución, el general Juan Carlos Correa. En ese reporte se advertían supuestos vínculos del oficial con organizaciones armadas ilegales en el Cauca, zona donde ejercía mando operativo, según El País.
Durante su trayectoria en esa región, Rojas estuvo al frente de operaciones militares en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En ese periodo se produjo la muerte de alias Mayimbú, señalado como uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.
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También se desarrollaron operaciones contra estructuras del ELN, con resultados que incluyeron rendiciones, neutralizaciones y muertes en combate de integrantes de esas organizaciones, de acuerdo con el medio citado.
El general en retiro ha insistido en que, además de los señalamientos institucionales, obtuvo la confesión de un oficial de contrainteligencia que le habría reconocido la existencia de un plan para construirle un proceso judicial en su contra.
Este testimonio ha sido parte central de su denuncia sobre un presunto uso indebido de mecanismos internos de inteligencia para afectar su permanencia en la institución.
La decisión de archivo ocurre en un contexto más amplio de debate sobre la forma en que se evalúan los ascensos, retiros e investigaciones dentro de las Fuerzas Militares.
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En semanas recientes, el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció públicamente que algunos oficiales pudieron haber sido retirados de manera injusta, reabriendo la discusión sobre los criterios de depuración institucional.
El caso de Rojas se cruza, además, con otras investigaciones y controversias que involucran a altos mandos militares, tanto activos como retirados.
Entre ellos figura el general Luis Emilio Cardozo, quien ha sido vinculado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a hechos relacionados con presuntos falsos positivos en Santander.
También aparece el general Olveiro Pérez, señalado en denuncias internas por presunto uso de personal militar en actividades ajenas al servicio, y el general Juan Miguel Huertas, investigado por supuestos vínculos con disidencias armadas.
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En el caso de Huertas, la investigación de la Procuraduría General de la Nación incluyó una suspensión temporal, tras la cual el oficial regresó a su cargo. Mientras tanto, otras indagaciones continúan en curso en distintas instancias judiciales y disciplinarias.
La controversia también se amplió tras la salida del general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones de las Fuerzas Militares y coordinador del Plan Democracia para las elecciones presidenciales. Su retiro generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para definir permanencias y salidas dentro de la institución.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió estas decisiones al señalar que responden a la facultad discrecional del presidente y a las necesidades del servicio.
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