El conflicto en la región del Catatumbo ha escalado de manera alarmante debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En este contexto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó la determinación del Gobierno de enfrentar con firmeza al ELN tras la negativa de esta guerrilla a continuar con las negociaciones de paz.
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El funcionario resaltó la gravedad de la situación, destacando que las recientes acciones violentas han dejado víctimas entre los campesinos y líderes sociales de la región.
Según su perspectiva, el ELN ha perdido legitimidad en el escenario político, lo que representa un giro en la postura gubernamental. Cristo enfatizó que es necesario prepararse para enfrentar a este grupo armado con todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía, además de reforzar la presencia institucional en la zona.
“Hay gente, hay campesinos, hay líderes sociales que quedaron sepultados en el Catatumbo después de esta masacre en la que incurrió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero hay que decirlo con toda claridad también, así como quedaron sepultados esos campesinos, en el Catatumbo quedó sepultado políticamente el ELN”, aseguró el funcionario.
El ministro también hizo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de transformar estructuralmente estos territorios, señalando que la falta de acción en décadas pasadas ha perpetuado la violencia.
Según su análisis, la falta de desarrollo ha afectado no solo a los firmantes del Acuerdo de Paz, sino también a las comunidades y a los líderes sociales que residen en estas áreas de conflicto.
“Si no transformamos esos territorios de una vez por todas, que no hemos sido capaces de hacerlo en las últimas tres o cuatro décadas, gobierno tras gobierno, no vamos a dejar de lamentar las muertes que hoy estamos lamentando, no solo de los firmantes de paz, sino de los habitantes y los líderes sociales de esos territorios”, añadió.
Este pronunciamiento marca un cambio en la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro, quien anteriormente abogaba por la negociación como vía principal para alcanzar la paz.
Durante su campaña presidencial, Petro prometió que en los primeros tres meses de su mandato firmaría un acuerdo con los grupos armados, una meta que hasta el momento no se ha materializado.
En las últimas horas, el presidente generó controversia al compartir información sobre la ubicación de los grupos armados en el Catatumbo.
Sin embargo, la publicación fue eliminada poco después al evidenciarse inconsistencias en los datos compartidos. Líderes sociales de la región señalaron que la imagen difundida por el mandatario correspondía a la vereda Puerto Barrancas, un área que hasta mediados de enero era un bastión del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Se ha documentado que este grupo armado ha establecido allí estructuras comunitarias, financiadas mediante cobros extorsivos y actividades relacionadas con el narcotráfico.
Además de los señalamientos internos, la posición del Gobierno ha recibido críticas desde la delegación del ELN. En un comunicado reciente, la guerrilla acusó a Petro de alinear sus políticas con los intereses de Estados Unidos. Según sus declaraciones, el presidente ha transitado de ser un líder con un enfoque pacifista a convertirse en un pacificador que responde a las presiones de actores externos.
Este escenario deja en evidencia las complejidades del conflicto en el Catatumbo y los desafíos que enfrenta el Gobierno en su intento por establecer el orden en la región. Mientras la violencia continúa escalando, la respuesta institucional y las estrategias de seguridad seguirán siendo un punto de debate clave en la agenda política del país.
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