
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación por presuntos sobrecostos en la compra de tamales y bebidas durante el Festival Folclórico de Ibagué en 2024.
Según los hallazgos, cada tamal fue adquirido por $21.000, mientras que las copas de aguardiente se pagaron a más de $39.000, lo que generó un fuerte rechazo en la comunidad.
El Ministerio Público centra su investigación en funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, entre ellos Norma Margarita Cifuentes Zarta, secretaria Administrativa, y Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura, por posibles irregularidades en la licitación del evento, cuyo costo total superó los $8.000 millones.
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Asimismo, la firma León Gráficas SAS, encargada de los servicios logísticos, operativos y técnicos del festival, está bajo escrutinio para determinar si hubo inflaciones en los contratos suscritos.
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Diversas versiones, respaldadas por publicaciones de Caracol Radio, señalan que los precios establecidos en la licitación “estaban alejados de la realidad de los costos del mercado local”.
Desde la publicación del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), se evidenciaron fallas en la planeación de la administración local, como la compra de tamales a $21.000 cada uno y copas de aguardiente a $39.270, entre otros productos con presuntos sobrecostos.
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En este contexto, se conoció una acción de tutela presentada por un ciudadano que participaba en el proceso, quien denunció la falta de garantías en la contratación. Según su denuncia, no se respetaron los plazos ni las oportunidades legales para impugnar los informes de evaluación, además de cambios inesperados en la programación de la audiencia pública de adjudicación.
Ante estas irregularidades, el ente de control ordenó la práctica de pruebas y notificó a los involucrados sobre los beneficios de la confesión o aceptación de cargos en el marco de la investigación.
Asimismo, el abogado Luis Felipe Aranzalez, especialista en derecho público y magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado, reveló una denuncia sobre irregularidades en la licitación para la contratación de la logística del Festival Folclórico de Ibagué 2024, cuyo valor total fue de $8.034 millones. Según Aranzalez, varios precios establecidos en el proceso superaban ampliamente los costos reales del mercado, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible derroche de recursos públicos y presuntos actos de corrupción.
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El abogado destacó que una parte significativa de los fondos, más de $2.700 millones, se destinaría a la compra de tarimas y otros materiales, los cuales podrían haberse adquirido con una asignación más eficiente de recursos. Además, Aranzalez criticó las condiciones de la licitación publicada por la Alcaldía de Ibagué, asegurando que estaban diseñadas de manera que favorecían a un único proponente: la empresa León Gráficas.
En su intervención, Aranzalez señaló que, como parte de su labor de control social sobre el proceso, se identificaron graves irregularidades, incluyendo altos sobreprecios en conceptos como los servicios artísticos y la alimentación. Por ejemplo, mencionó que, además de los tamales que fueron adquiridos a un costo de $21.000, el hospedaje por pareja superaba el millón de pesos, lo que, según él, representa un detrimento fiscal considerable para la ciudad.
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Así mismo, se descubrió que el proceso que originalmente tenía un cronograma con la adjudicación programada para el 9 de junio, fue alterado debido a un error inicial en la licitación.
Este error consistió en que las actividades previstas comenzaban el 27 de mayo, lo cual no tenía coherencia. Además, lo más preocupante fue que para corregir este fallo, se omitieron los plazos procesales establecidos, lo que resultó en una adjudicación anticipada del contrato.
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