Desde 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro informó sobre la necesidad de hacer recortes presupuestales por la implementación de una política de austeridad, teniendo en cuenta que el país está atravesando una crisis presupuestal. Luego de que varias carteras y dependencias vieran disminuidos sus recursos, el Gobierno expidió un polémico decreto en el que establece aplazamientos de pago para ciertos proyectos de vital importancia para el país.
Obras como la primera línea del metro de Bogotá, el metro de la 80 en Medellín y el Túnel del Toyo (Antioquia), por ejemplo, se verán afectadas por dicho acto legislativo (Decreto 0069 de 2025), expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se trata de miles de millones de pesos que la Nación no pagará, por ahora, y que impactarán negativamente el avance de los proyectos.
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Pese a la grave situación fiscal y las consecuencias que se están viendo reflejadas en diferentes partes del país, el Departamento Administrativo de la Presidencia renovó el contrato con el bailarín y coreógrafo Neru Martínez Carrillo. El contratista, durante un año y bajo la modalidad de prestación de servicios, deberá llevar a cabo actividades relacionadas con la salud mental y física en el Palacio de Nariño, en aras de contribuir al “mejoramiento del clima laboral”.
El bailarín devengará $64 millones, que serán repartidos en $5.694.000 mensuales, correspondientes a su salario mensual, que incluye impuestos, costos, gravámenes y todo tipo de aspectos adicionales.
La crítica de Federico Gutiérrez por contrato de Neru
La renovación del contrato de Neru molestó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alegando falta de coherencia por parte del Gobierno nacional al establecer los aplazamientos que dejan estancados múltiples proyectos, mientras permite el pago a contratistas cuyas labores no tendrían la misma relevancia para la población colombiana.
“Eso sí, a Medellín le quitaron la plata de atención a Víctimas, la de la niñez, la del Metro de la 80, la del Túnel del Toyo y otras tantas. Así vamos….”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.
Además de su crítica a la contratación del bailarín y coreógrafo, cuyas responsabilidades se centran en el desarrollo de talleres artísticos y culturales, informó que radicó una solicitud de vigilancia especial al proyecto “Metro de la 80″ ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Esto, debido al incumplimiento de los compromisos de pago de la Nación determinados en el decreto del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la explicación que dio a los organismos de control fiscal y disciplinario, el Gobierno de Gustavo Petro debe responder por $980.000 millones, aproximadamente. La totalidad del dinero corresponde a una deuda de la vigencia de 2024 por un valor de $483.135 millones, los cuales debían ser destinados a la financiación oportuna del metro, y a otros $497.630 millones que fueron aplazados mediante el mencionado decreto.
El perjuicio económico, derivado de la falta de cumplimiento de obligaciones por parte de la Nación, sería de mínimo $1,5 billones, que estarían vinculados a la compra de predios, costos judiciales, aceleración del crédito, cláusulas penales y las consecuencias de una eventual terminación del contrato.
Además, del proyecto depende la ejecución de otros nueve contratos, relacionados con la señalización, la gestión predial, la interventoría, el suministro de energía y el agente de financiación.
El alcalde aseguró que el distrito ha cumplido cabalmente con la entrega de recursos para garantizar el avance de las obras. “Llevamos una ejecución de obra del 29,4%. Desde el Distrito de Medellín hemos cumplido todas las obligaciones y aportado $684.000 millones, gobierno nacional $0. Estamos preparando las acciones ante la Justicia y el Presidente debe entender que no está por encima de la Ley”, precisó.
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