En la tarde del lunes 27 de enero de 2025, el Consejo de Estado de Colombia dio un paso significativo en la protección de los menores de edad atrapados en el violento conflicto armado que afecta la región del Catatumbo.
Tras las recientes acciones militares del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han desbordado los límites de la violencia, el máximo tribunal administrativo admitió una tutela con el objetivo de salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes de la zona, quienes se encuentran en una situación de alto riesgo.
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El recurso de tutela, instaurado por el abogado Germán Calderón España, solicitó que el Estado colombiano implemente medidas inmediatas de protección para los menores de la región.
La tutela resaltó la necesidad urgente de que el gobierno reubique a aquellos niños que se encuentren en áreas vulnerables o directamente expuestos a las acciones de los grupos armados ilegales.
En la petición se lee que, frente a las difíciles condiciones de seguridad, la protección de los derechos fundamentales de los menores debe ser una prioridad del Estado.
El Catatumbo y su crisis humanitaria
La región del Catatumbo, ubicada en el nororiente de Colombia, ha sido durante años un escenario de intensos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos guerrilleros, principalmente el ELN.
Esta región, caracterizada por su geografía selvática y su cercanía con la frontera venezolana, ha sido un lugar clave en el conflicto armado interno del país.
Los pobladores de municipios como Ábrego, Ocaña, El Carmen, Teorama y otros, han sufrido constantemente los embates de las bandas criminales, que buscan controlar el territorio debido a su riqueza en recursos naturales y su posición estratégica.
Los niños y adolescentes que viven en estas zonas no solo enfrentan las consecuencias directas de la violencia, como el desplazamiento forzado, también la interrupción de su acceso a la educación, la salud y otras garantías fundamentales.
Incluso, en muchos casos, las comunidades se han visto obligadas a abandonar sus hogares, dejando a los menores en condiciones de alta vulnerabilidad.
La respuesta del Consejo de Estado
Ante esta grave situación, el Consejo de Estado resolvió admitir la solicitud de tutela presentada por Calderón España, reconociendo que la situación exige una respuesta urgente y decidida por parte del Estado.
En su resolución, el alto tribunal vinculó a diversas entidades del Gobierno nacional, regional y local, con el fin de que tomen acciones concretas para mitigar los riesgos que enfrentan los menores de edad en la región.
Entre las entidades vinculadas se encuentran la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Además, el tribunal incluyó en calidad de terceros a autoridades municipales de la zona como las alcaldías de Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibu y Sardinata, así como a las Personerías de estos municipios.
La tutela también resaltó la importancia de que las entidades responsables rindan informes sobre las acciones que tomarán en un plazo no mayor a dos días después de recibir la notificación de la providencia.
“Notificar, por el medio más expedito y a la mayor brevedad, a las autoridades demandadas de la admisión de la presente solicitud de amparo, para lo cual deberá hacerse llegar copia de esta, para que, si a bien lo tienen, dentro de los 2 días siguientes al recibo de la notificación de esta providencia rindan informe sobre los hechos planteados”, se lee en el documento.
La decisión fue tomada con base en el artículo 86 de la Constitución colombiana, que establece el derecho a la tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas, en especial de los grupos más vulnerables como los niños.
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