Gustavo Petro anunció la implementación del estado de conmoción interior en distintas zonas del país, una decisión tomada ante el incremento de tensiones relacionadas con el orden público. La medida abarca regiones críticas como el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento de Cesar, donde la situación de seguridad ha alcanzado niveles alarmantes.
Desde que el jefe de Estado anunció que su Gobierno estaba considerando tomar esta medida por la crisis de seguridad en esta zona del país, varias personalidades políticas no lo vieron con buenos ojos. Entre este grupo se encuentra el exfiscal general de Colombia Francisco Barbosa, que en una publicación en su cuenta de X cuestionó esta decisión. “Disfrazan una nueva reforma tributaria con un decreto excepcional”, dijo.
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El exfiscal general Francisco Barbosa cuestionó duramente la reciente declaratoria de conmoción interior anunciada por el presidente Gustavo Petro y sugirió que se trata de una estrategia para desviar la atención de otros problemas del país. “¿Conmoción interior o cortina de humo? El gobierno que prometió paz total y seguridad ahora pide un decreto de excepción para enfrentar la crisis que él mismo generó. ¿No fue la política de paz total la que entregó los territorios a los criminales?”, señaló Barbosa, criticando la gestión en materia de seguridad y orden público.
El exfuncionario también arremetió contra las políticas del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y sus reformas económicas. “¿No fue este gobierno el que abandonó la lucha contra el narcotráfico y permitió que la coca se disparara? Ahora, disfrazan una nueva reforma tributaria con un decreto excepcional mientras el caos institucional avanza. Colombia merece respuestas, no más improvisaciones”, agregó, advirtiendo sobre lo que calificó como un deterioro de la estabilidad institucional bajo la administración de Gustavo Petro.
Junto su publicación subió un video en el que comentó que “nos vieron la cara de tontos a los colombianos” debido al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro. Y agregó el siguiente interrogante: “¿Acaso no les han entregado a los diferentes asesinos no solo un millón de pesos para que dejen de delinquir, sino también paz y salvos y salvoconductos como gestores de paz en el marco de una política fallida, que destruyó el Catatumbo, el Cauca, el sur de Bolívar, el Putumayo y el Caquetá?”.
Igualmente, acusó al gobierno de Gustavo Petro de utilizar el estado de conmoción interior como una herramienta para avanzar en sus objetivos económicos. “Pretenden ahora, con esa conmoción interior, solicitarle recursos a los colombianos porque no pudieron pasar una reforma tributaria. Disfrazan una nueva reforma tributaria por vía de un decreto excepcional y legislativo. A todo eso nos estamos acostumbrando con el gobierno de Gustavo Petro para enfrentar esta crisis”.
Asimismo, concluyó su video aseverando lo siguiente: “Para enfrentar esta crisis, no solo no hizo presencia en la zona, sino que llevó a su ministro de Defensa de paseo a Haití, donde, en medio de una visita a un país absolutamente intrascendente e innecesario en la cooperación con Colombia, se pusieron a discutir, según lo que nos dijeron, las estrategias para enfrentar el narcotráfico. Todo esto mientras no han sido capaces de enfrentar este problema en su propio territorio. Caos institucional, caos de gobierno en el país. Esperemos que Colombia resista hasta 2026″.
En cuanto al decreto de conmoción interior, este incluye al menos once municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos Tibú y otras zonas del Catatumbo, una región marcada por fuertes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. El aumento crítico de la violencia en estas regiones llevó al Gobierno Nacional a adoptar esta medida con el objetivo de recuperar el orden y proteger a la población.
El estado de conmoción interior, previsto en la Constitución colombiana, autoriza al Ejecutivo a implementar acciones excepcionales para hacer frente a graves amenazas al orden público, en este caso, con vigencia hasta abril de 2025.
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