300 desplazados quedaron atrapados en el paro armado que las Farc montaron en Nariño para exigir la salida de las fuerzas militares de la zona

300 desplazados que huían de los enfrentamientos entre el Ejército y el Frente Franco Benavides –de las Farc– en el departamento de Nariño quedaron atrapados en el paro armado que la organización delincuencial organizó para exigir la salida de las Fuerzas Armadas de la región.

En el municipio de Los Andes, a tres horas en carro de la capital del departamento, los integrantes del frente impidieron el paso de la caravana en un intento por presionar a los uniformados.

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La multitud, según se ve una fotografía publicada por la W Radio, quedó varada a mitad del camino, a la espera de que los miembros del grupo armado levanten el paro.

Mientras, desde las Fuerzas Militares no se han pronunciado sobre las exigencias del Frente Franco Benavides, que forma parte del Estado Mayor Central.

40% de los desplazados en Colombia viven en condiciones de pobreza extrema

Antes de la crisis en el Catatumbo, que ya deja 40.000 desplazados, la IV Encuesta Nacional de Verificación, publicada a mediados del 2024 reveló que más de 8,6 millones de personas, para entonces, eran víctimas de esta problemática en Colombia; una cifra que refleja la magnitud de una crisis humanitaria que persiste en el país.

Elaborada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Unidad para las Víctimas (Uariv), la encuesta estableció que el desplazamiento forzado sigue afectando gravemente los derechos humanos y la calidad de vida de millones de colombianos.

De acuerdo con el informe, basado en datos del Registro Único de Víctimas hasta el 31 de marzo de 2024, un total de 8.630.545 personas habían sido desplazadas de manera forzada en el país. De esta cifra, 6,9 millones requerían atención urgente y una reparación integral de sus derechos. Durante la presentación del informe, Luis Jorge Garay, director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, destacó que esta población es “la más vulnerable entre las más vulnerables del país”.

El informe detalla que el desplazamiento forzado ha llevado a millones de personas a vivir en condiciones de extrema precariedad. Según los datos presentados, el 76,1% de los hogares desplazados se encuentra en situación de pobreza monetaria, mientras que el 40,6% vive en pobreza extrema. Estas cifras reflejan la dificultad de las víctimas para reconstruir sus vidas tras ser obligadas a abandonar sus territorios.

La falta de acceso a la educación también es un factor que agrava la situación de esta población. El informe señala que el 51,1% de las personas desplazadas mayores de 27 años tiene niveles educativos muy bajos o nulos. En este grupo, el 11,3% no cuenta con ningún tipo de estudio acreditado, mientras que el 39,8% solo logró cursar preescolar o la educación básica primaria.

La precariedad laboral es otro de los grandes desafíos que enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Según el informe, la tasa de desempleo entre esta población alcanza el 17,6%, una cifra significativamente alta en comparación con el promedio nacional. Además, el 82,4% de las personas desplazadas que logran acceder al mercado laboral lo hacen en condiciones de informalidad, lo que limita su acceso a derechos laborales y a una estabilidad económica.

Dichas cifras evidencian las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para integrarse plenamente en la sociedad y superar las secuelas del desplazamiento. La falta de oportunidades laborales y educativas perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión que afecta no solo a los desplazados, sino también a las comunidades receptoras.

El informe también abordó el impacto del desplazamiento forzado en la seguridad alimentaria de las víctimas. Según los datos recopilados, el 45,3% de las personas desplazadas reportó consumir menos alimentos de los que desearía debido a la falta de recursos económicos. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de esta población frente a la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

Y es que, según determinaron los investigadores que participaron de la encuesta, la falta de acceso a una alimentación adecuada no solo afecta la salud física de las víctimas, también tiene consecuencias en su bienestar emocional y en su capacidad para superar las adversidades derivadas del desplazamiento.