Marelbys Meza demandará al Estado por interceptaciones ilegales y persecución desde la Casa de Nariño

La exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, decidió emprender acciones legales contra el Estado colombiano, señalando al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional como responsables de las interceptaciones ilegales, seguimientos y amenazas que marcaron su vida.

Según informó el medio Semana, Meza, que trabajó como cuidadora del hijo de Sarabia, entonces jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, fue acusada injustamente de pertenecer al Clan del Golfo, lo que derivó en una serie de abusos que ahora busca reparar a través de la justicia.

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El abogado penalista Iván Cancino, que representa a Meza, confirmó que la demanda está lista y será presentada en los próximos días. Según detalló Cancino a Semana, la acción judicial se fundamenta en los graves perjuicios que sufrió su clienta, que fue sometida a interceptaciones telefónicas, amenazas y aislamiento social, además de perder su empleo y quedar expuesta a señalamientos públicos.

“Es absolutamente claro que hay perjuicios que se causaron y que tiene todo el derecho a recibirlo, porque ha sido muy perjudicada durante tanto tiempo”, afirmó el abogado.

“Quedó claro que la Policía, como institución, así sean unos pocos efectivos, participó en la comisión de actos delictivos, causando graves perjuicios a Marelbys Meza, a otras personas y a sus familias. Por lo tanto, en muy poco tiempo, estaremos presentando una demanda de responsabilidad contra el Estado colombiano, específicamente la Policía Nacional y, por supuesto, el Ministerio de Defensa”, le indicó a Semana el abogado Iván Cancino.

El caso de Marelbys Meza comenzó a ganar notoriedad cuando se reveló que las interceptaciones a sus comunicaciones y las de su entorno cercano fueron ordenadas desde la seguridad presidencial.

Según las investigaciones, miembros de la Policía Nacional, bajo órdenes de sus superiores, llevaron a cabo estas actividades ilegales, lo que resultó en la condena de tres uniformados y el inicio de procesos judiciales contra otros dos. Los policías implicados admitieron haber cumplido órdenes superiores y pidieron perdón por sus acciones, según indicó Semana.

El abogado Cancino resaltó que la responsabilidad no recae únicamente en los uniformados condenados, sino también en las instituciones que permitieron estas prácticas. “Quedó claro que la Policía, como institución, así sean unos pocos efectivos, participó en la comisión de actos delictivos, causando graves perjuicios a Marelbys Meza, a otras personas y a sus familias”, explicó.

Por ello, la demanda apunta directamente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional como responsables de los daños ocasionados.

Antes de que su vida diera un giro radical, Marelbys Meza trabajaba como niñera del hijo de Laura Sarabia, que en ese momento ocupaba un alto cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, tras un incidente en el que se le acusó de un robo, Meza fue señalada como integrante del Clan del Golfo, una organización criminal activa en Colombia. Estas acusaciones carecían de fundamento, ya que Meza no tenía antecedentes judiciales ni vínculos con actividades ilícitas.

El impacto de estas denuncias fue devastador. Meza perdió su empleo, fue aislada de su familia y amigos, y quedó marcada por un estigma que le impidió encontrar nuevas oportunidades laborales. Incluso su entorno cercano fue afectado, ya que la Policía incluyó a familiares y amigos en informes que los vinculaban falsamente con actividades criminales.

Según el abogado Cancino, esta situación dejó a Meza en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándola a depender de la caridad de su familia para sobrevivir.

El caso de Marelbys Meza no solo pone en evidencia los abusos cometidos por algunos miembros de la Policía Nacional, sino también las fallas estructurales en el sistema de seguridad del Estado colombiano. Según las investigaciones, las órdenes para interceptar las comunicaciones de Meza y su entorno provinieron de la Casa de Nariño, lo que plantea serias preguntas sobre el uso del poder estatal para fines personales o políticos.

Para Marelbys Meza, el camino hacia la justicia ha sido largo y lleno de obstáculos. Según explicó su abogado, la exniñera tuvo que abandonar su vida en el sur de Bogotá y vivir bajo protección de la Fiscalía en una casa de seguridad, lo que la alejó de su familia y afectó gravemente su bienestar emocional y económico. “Su vida sigue siendo afectada, sus condiciones de existencia, su labor económica sigue teniendo unas graves brechas que por ahora son insalvables”, afirmó Cancino.

El abogado también expresó su preocupación por la posibilidad de que el caso sea trasladado a la justicia penal militar, lo que, según él, podría derivar en impunidad. Por esta razón, Cancino anunció que, de ser necesario, solicitará la veeduría internacional de organismos defensores de derechos humanos para garantizar que se haga justicia. “Aquí se cometieron delitos, y quién los cometió ya será lo que toca responsabilizar”, enfatizó.