Fiestas, drogas y menores: las graves denuncias que sacuden al “mini Caguán” de los Comandos de Frontera

La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de los Comandos de Frontera, ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, fue creada como un espacio transitorio para facilitar el paso de integrantes armados hacia la vida civil.

Sin embargo, un informe conocido por Semana documentó una serie de irregularidades ocurridas entre el 10 y el 15 de octubre de 2026, entre ellas el ingreso de menores de edad, fiestas, consumo y tráfico de licor, presunta presencia de drogas, peleas, amenazas contra trabajadores y un ritual realizado por un chamán.

La zona comenzó a operar el 18 de junio de 2026 para recibir a 99 integrantes de los Comandos de Frontera, aunque la infraestructura había sido construida para albergar a 200 personas. Cinco meses después, solo permanecían cerca de 50. La instalación, que recibió el sobrenombre de “mini-Caguán” por su parecido con la antigua zona de despeje de San Vicente del Caguán, implicó una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos.

El informe, elaborado con reportes de la corporación Rotorr, registros fotográficos y audiovisuales, documentos médicos y testimonios internos, reconstruyó cuatro días de alteraciones. El 10 de octubre se registró el ingreso no autorizado de menores. La Consejería de Paz, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), gestionó su salida. Al día siguiente ingresaron bebidas alcohólicas y varios trabajadores fueron amenazados por denunciar el tráfico de licor.

Durante esos mismos días apareció un chamán que, según el documento, recomendó a uno de los ocupantes suspender el tratamiento médico que recibía en la ZUT. “El chamán le indicó que estaba siendo objeto de un daño y le recomendó suspender el tratamiento médico”, señala el informe. La enfermera le explicó al hombre la necesidad de continuar con los controles y la medicación.

Los días 13 y 14 de octubre se reportaron nuevos ingresos de licor de contrabando, sustancias no autorizadas, una pelea con personas lesionadas y la intervención del servicio médico. También se registró un supuesto ritual esotérico o chamánico, cuyo video quedó en poder del medio de comunicación mencionado anteriormente. En las imágenes aparece un hombre tendido en el suelo, mientras el chamán pronuncia oraciones y frases como: “Él es mío, es para mí, él es débil para mí, yo no creo en Dios”.

El informe también consignó que una motocicleta ingresó durante la noche para entregar bebidas alcohólicas. En el lugar fueron encontradas más de 20 botellas. Los operadores señalaron que las amenazas aumentaban cuando intentaban controlar las fiestas o impedir la entrada de licor y drogas.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, pidió investigar el funcionamiento de la ZUT y cuestionó el uso de los recursos públicos. “Todos los días se emborrachan, todos los días hacen fiestas y lo más lamentable es que allá hay niños, niñas y adolescentes”, afirmó. También sostuvo que en el lugar había “drogas, alcohol y sexo” y anunció una auditoría de la Contraloría.

Ríos aseguró que se gastaron más de 13.000 millones de pesos en una infraestructura que, según sus cálculos, no debía superar los 3.000 millones. El Fondo Paz destinó recursos para las negociaciones con grupos armados, pero la Contraloría también advirtió que, de los 443.000 millones apropiados para la política de paz total, cerca de 70.000 millones no tenían justificación contractual clara.

Rotorr, la corporación encargada de la administración y la logística, reconoció los problemas y advirtió sobre los riesgos para sus trabajadores. Su directora ejecutiva encargada, Ana María Velázquez, afirmó: “Ellos quieren vivir allá prácticamente como en un hotel y hacer lo que les da la gana”. También describió la dificultad de controlar a los ocupantes: “Es una persona, un administrador, contra 99 excombatientes”.

La corporación defendió el costo de la obra y explicó que la ciudadela fue construida en 25 días, en una zona de difícil acceso y con presencia de grupos armados que bloquearon el paso o se apropiaron de equipos. Armando Novoa, exjefe de la negociación, dijo que no conoció las irregularidades y atribuyó los problemas a la falta de controles posteriores.

El Gobierno ordenó terminar la ZUT, pero una acción de tutela presentada por 62 personas suspendió la medida y extendió su funcionamiento durante seis meses. El operador, sin embargo, solo tenía contrato hasta el 30 de noviembre, lo que dejó pendiente la financiación, la seguridad y el desmonte de la infraestructura. Antes, cuando se ordenó el cierre, cerca de 50 ocupantes abandonaron el lugar, retuvieron a un vigilante y se llevaron equipos, incluidas antenas de internet.