El asesinato de Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, ocurrido el 7 de agosto de 2024 en el conjunto residencial Bosques del Marqués, en Usaquén, ha sido relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, vinculó este homicidio con un entramado más amplio durante una entrevista con Blu Radio y Noticias Caracol.
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Ortiz afirmó que el asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una red que involucra a figuras influyentes y un posible encubrimiento por parte de las autoridades. Hay que decir que en la entrevista Ortiz habló de un “asesinato” sin haber mencionado el nombre de la víctima y que fue Juan Roberto Vargas, periodista, quien le preguntó por Aguilar. Ella se limitó a decir, insistente, “no puedo hablar”.
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Según sus declaraciones, existen personas interesadas en que no se esclarezca la verdad, especialmente debido a que el principal testigo del caso también fue asesinado.
“Hay una historia que contar”, aseguró, insinuando que posee información crucial sobre los hechos. Esa frase ha dado pie a múltiples interpretaciones que ven en las declaraciones de Ortiz un deseo por revelar información trascendental.
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En su intervención, Ortiz se describió como un “chivo expiatorio” dentro de un complot que busca desviar la atención de los responsables reales del asesinato de Aguilar. También reveló que ha sido víctima de dos atentados y que su vida corre peligro. “Si no estuviera recluida, estaría muerta”, declaró.
La exfuncionaria enfrenta imputaciones por parte de la Fiscalía, que la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Ortiz, sin embargo, sostiene que estas acusaciones son infundadas y que las pruebas presentadas en su contra han sido manipuladas.
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En particular, cuestionó la validez de los registros telefónicos utilizados como evidencia, argumentando que no respaldan los testimonios presentados.
El caso continúa generando controversia debido a las implicaciones que podría tener en la investigación del asesinato de Aguilar y las denuncias de Ortiz sobre posibles irregularidades en el proceso judicial.
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Ortiz hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, pidiendo que sea garante de que se esclarezca lo ocurrido en la UNGRD.
”Quiero pedirle al presidente que sea garante de que se sepa la verdad de lo que pasó en la UNGRD, que cada quien se haga responsable de su pedazo”, concluyó Ortiz, reiterando la necesidad de investigar a fondo a las personas de alto nivel que, según ella, han estado protegidas hasta ahora.
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El caso también ha afectado a otras figuras, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lideraban la UNGRD bajo la administración de Petro. Además, los exministros Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia Nacional, renunciaron tras ser vinculados al caso.
Irregularidades en contratos y financiamiento político
El escándalo, que salió a la luz hace once meses, involucra irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques por parte de la Ungrd. Según las investigaciones, los contratos relacionados con estos vehículos habrían sido ejecutados en enero de 2024, y los sobornos asociados no solo afectaron la gestión de recursos públicos, también tuvieron implicaciones en el financiamiento de campañas políticas, pues derivaron en un sobre costo de aproximadamente $13.700 millones.
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De acuerdo con las indagaciones, los pagos ilícitos se habrían utilizado para beneficiar a candidatos relacionados con los congresistas implicados, lo que pone en evidencia cómo la corrupción en la Ungrd trascendió el ámbito administrativo para influir en el panorama político local y nacional.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en este caso que ha sacudido al país. Las autoridades buscan verificar la existencia del préstamo de $4.000 millones como un elemento clave para desentrañar la red de corrupción.
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