La ley contra el ruido, recientemente aprobada en el Congreso de Colombia, establece nuevas medidas para combatir los altos niveles de contaminación auditiva generados por motocicletas con sistemas de escape modificados o defectuosos.
Según informó Camilo Giraldo Quintero, líder de esta iniciativa legislativa, por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, la normativa permitirá a las autoridades de tránsito inmovilizar vehículos que excedan los límites de ruido permitidos y sancionar a los propietarios con multas económicas. Este marco legal, que ya superó los cuatro debates reglamentarios en el Congreso, se encuentra a la espera de la firma presidencial para su promulgación oficial.
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“... les cuento si acabaron las excusas porque hoy la Policía, el tránsito ya puede primero inmovilizar las motos ruidosas y segundo imponer las multas”, según afirmó Giraldo en su video.
De acuerdo con lo detallado por Giraldo Quintero, la ley contempla un periodo de seis meses de pedagogía una vez entre en vigor. Durante este tiempo, se buscará educar a los ciudadanos sobre los alcances de la normativa y las consecuencias de infringirla. Este enfoque educativo tiene como objetivo garantizar que los conductores comprendan las regulaciones y ajusten sus vehículos para cumplir con los estándares establecidos, evitando así sanciones futuras.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley contra el ruido es la facultad que otorga a las autoridades de tránsito para actuar de manera inmediata frente a motocicletas que generen niveles de ruido excesivos. Según explicó Giraldo Quintero, los agentes podrán proceder a la inmovilización del vehículo en el momento en que detecten la infracción. Además, se impondrán multas económicas a los propietarios de las motocicletas que no cumplan con las normativas establecidas.
Esta medida busca atacar de raíz el problema de la contaminación auditiva, que afecta tanto a la calidad de vida de los ciudadanos como al medio ambiente. La ley no solo se enfoca en sancionar, sino también en prevenir, incentivando a los conductores a realizar los ajustes necesarios en sus vehículos para evitar ser penalizados.
Nuevas normativas de seguridad para motocicletas en Colombia entran en vigor en 2025
A partir de este año, las motocicletas que se comercialicen en Colombia deberán cumplir con estrictos estándares de seguridad vehicular establecidos por el Ministerio de Transporte.
Estas medidas, que buscan reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial en el país, se implementarán de acuerdo con la resolución 20223040062115, emitida en 2022. La normativa otorga un plazo de 36 meses para que fabricantes e importadores adapten sus modelos a los nuevos requisitos técnicos.
De acuerdo con lo estipulado en la resolución, las motocicletas con un cilindraje mayor a 50 centímetros cúbicos (cc) y menor a 150 cc, o con una potencia nominal superior a 4 kilovatios (kW) y hasta 11 kW, deberán incorporar sistemas de frenado CBS (Combined Braking System) o ABS (Anti-lock Braking System).
Estos sistemas son esenciales para evitar el bloqueo de las ruedas durante el frenado, lo que permite mantener el control del vehículo en situaciones de emergencia. Por otro lado, las motocicletas con un cilindraje igual o superior a 150 cc, o con una potencia nominal mayor a 11 kW, estarán obligadas a contar exclusivamente con sistemas de frenado ABS.
El Ministerio de Transporte ha establecido un cronograma detallado para la implementación de estas medidas. Según lo reportado por Infobae, el plazo de 36 meses otorgado a fabricantes e importadores comenzó a correr desde la publicación de la resolución en 2022.
Esto significa que, a partir de 2025, todas las motocicletas nuevas que se comercialicen en el país deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos. Aquellos modelos que no se ajusten a las normativas no podrán circular legalmente en el territorio colombiano.
Estas disposiciones no solo impactarán a los fabricantes e importadores, sino también a los usuarios finales, quienes deberán asegurarse de que las motocicletas que adquieran cumplan con los estándares exigidos. El incumplimiento de estas normativas podría derivar en sanciones que afecten tanto la comercialización de las motocicletas como la seguridad vial en general.
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