Un nuevo grave hecho de violencia se reportó hacia las 10:30 de la noche del jueves 16 de enero en la región Caribe colombiana, donde siete policías resultaron heridos tras un ataque con un artefacto explosivo que les lanzó un grupo armado organizado por establecer.
El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Pelaya, en el centro del departamento del Cesar, cuando los uniformados se desplazaban en una de las patrullas de la institución, informaron en la Policía Nacional.
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Agregaron que los afectados forman parte del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de Hidrocarburos que estaban realizando labores de vigilancia en la infraestructura petrolera de la zona.
Se trata del intendente Cristián Camilo Díaz Muñoz, el subintendente Cristián David Ortiz Oca, y los patrulleros Duay Fernando Varón Muñoz, Carlos Andrés Rincón Galindo, Diego Riaño Fernández, Edgar Andrés Arévalo Arévalo y Adrián Steven Molano Yanguma.
Los policías fueron trasladados a un centro asistencial de la vecina población de Aguachica donde están recibiendo la atención médica correspondiente, aunque se desconoce su estado de salud.
Entre tanto, en la cuenta de Facebook Pelaya Informativo, que publica información de esa zona del norte del país, señalaron que la comunidad aledaña al lugar del atentado entró en pánico tras el fuerte estruendo de la detonación del artefacto explosivo.
Detallaron, junto con algunos videos de los angustiosos momentos, que los heridos los ingresaron en ambulancias al hospital Francisco Canossa de Aguachica.
Alcaldes del Catatumbo piden intervención urgente de Gustavo Petro ante crisis humanitaria
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las peores crisis humanitarias de los últimos años debido al recrudecimiento de la violencia entre grupos armados ilegales. Los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33, una de las disidencias de las extintas FARC, han dejado un saldo de siete muertos y han provocado el desplazamiento forzado de docentes y habitantes de la zona.
Ante esta situación, los alcaldes de diez municipios de la región han solicitado al presidente Gustavo Petro una intervención inmediata para frenar la escalada de violencia y atender las necesidades de la población afectada.
Los enfrentamientos comenzaron el jueves 16 de enero, tras una masacre ocurrida la noche anterior en la que una familia fue asesinada. Estos hechos han intensificado la disputa entre los grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico hacia Venezuela, lo que ha agravado la situación de orden público en esta zona fronteriza. Los alcaldes han elevado un llamado urgente al gobierno nacional para que actúe de manera inmediata.
En un comunicado conjunto, los alcaldes locales pidieron al presidente Petro que coordine una intervención con todas las entidades del Estado y organismos internacionales para mitigar la crisis humanitaria. Entre sus solicitudes figuran la creación de un corredor humanitario que permita evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales, así como el cese de los enfrentamientos para priorizar la protección de la población civil.
Los mandatarios recordaron que esta situación ya había sido advertida en reuniones previas con funcionarios del gobierno durante 2024, pero no se tomaron medidas efectivas para prevenir la actual escalada de violencia.
La violencia en el Catatumbo no solo ha dejado víctimas mortales, sino también un impacto devastador en la población civil. Los enfrentamientos han obligado a docentes a abandonar sus puestos, dejando a cientos de estudiantes sin acceso a la educación. Además, los constantes desplazamientos forzados están destruyendo el tejido social de las comunidades, que ya enfrentan altos niveles de pobreza y vulnerabilidad.
El Catatumbo, por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, ha sido históricamente un territorio disputado por grupos armados ilegales debido a su importancia en el tráfico de drogas. Esto ha convertido a la población civil en víctima recurrente de la violencia.
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