La disputa legal entre Diana Marcela Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, dio un nuevo giro tras el rechazo en segunda instancia de una tutela presentada por Osorio.
El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín falló el 14 de enero de 2025, desestimando el recurso por irregularidades en la documentación presentada por el abogado de Osorio, lo que desató nuevas tensiones legales y políticas.
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La controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando Gutiérrez acusó públicamente al exalcalde Quintero de utilizar la enfermedad de su hija para fines políticos, durante una entrevista con Blu Radio.
Ante estas declaraciones, Osorio solicitó en octubre de 2024 a Gutiérrez la entrega de pruebas o una retractación pública, lo que derivó en un derecho de petición. Al no recibir una respuesta satisfactoria, Osorio interpuso una acción de tutela argumentando una vulneración a su derecho de petición y su buen nombre.
En primera instancia, el Juzgado Sexto Penal Municipal desestimó la tutela el 19 de noviembre de 2024, considerándola improcedente, al señalar que la respuesta del alcalde había sido suficiente y dentro del plazo legal.
No conforme, Osorio apeló la decisión ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito, que también rechazó la apelación, esta vez por la falta de presentación de los requisitos legales, como el poder formal que acreditara al abogado Carlos Mario Patiño González para representarla.
Patiño, quien había argumentado que no era necesario adjuntar la tarjeta profesional, calificó la decisión como “extraña” y denunció que el juez nunca le solicitó subsanar la documentación faltante. En su declaración a Caracol Radio, el abogado señaló que, de no reconsiderarse la decisión, interpondría una nueva tutela para defender los derechos de su clienta.
En cuanto a las acusaciones del alcalde, su equipo legal ha insistido en que la respuesta a Osorio fue completa y que no hubo vulneración alguna a los derechos fundamentales de la familia Quintero-Osorio.
A pesar de los reveses judiciales, el caso no ha llegado a su fin. El fallo del Juzgado Noveno Penal del Circuito será revisado por la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra sobre si el conflicto merece un análisis más profundo.
Mientras tanto, la administración de Gutiérrez celebra la validación de su actuación, mientras Osorio y su equipo evalúan los próximos pasos en su lucha por una retractación pública.
Nuevas vinculaciones en el caso de corrupción del Parque de las Aguas en Medellín: ya son más de diez los implicados
En el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación para el mantenimiento del Parque de las Aguas en Medellín, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres nuevas personas, elevando el número de implicados a más de una decena.
Según informó El Colombiano, los hechos ocurrieron durante la administración de Daniel Quintero y están relacionados con irregularidades en contratos interadministrativos que superan los $8.000 millones.
De acuerdo con la información publicada, el caso gira en torno a tres contratos interadministrativos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y Metroparques, que posteriormente derivaron en subcontrataciones con empresas privadas.
Entre las compañías señaladas se encuentran Comercializadora JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro SAS, las cuales habrían recibido contratos de manera direccionada. Estas irregularidades habrían generado sobrecostos de aproximadamente $1.500 millones en la adquisición de insumos como cloro, elementos de bioseguridad y reflectores.
Imputaciones previas y nuevos implicados
En investigaciones anteriores, la Fiscalía ya había imputado cargos a varios exfuncionarios y particulares. Entre ellos se encuentran los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, así como el exsubdirector del Amva, Álvaro Villada.
Según el medio citado, también fueron vinculados Alexánder Pino, Yamileth Galíndez y Fabio Miguel Mestra, quienes enfrentan acusaciones por delitos como peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
En una audiencia realizada el pasado miércoles 15 de enero, la Fiscalía sumó a la lista de implicados a tres nuevas personas: Viviana María del Valle, quien era jefa de compras de Metroparques; Laura María Mejía, líder de logística del Amva; y Lilibeth Lorena Pino Jaramillo.
Según detalló el medio fuente, las dos primeras habrían incumplido los principios de economía y planeación en la contratación pública, permitiendo la subcontratación de empresas sin experiencia ni idoneidad, creadas específicamente para defraudar el patrimonio de Metroparques. Además, se señaló que se habrían falsificado documentos para facilitar estas contrataciones.
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