La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización del ciudadano canadiense Andy Asselin, acusado de haber retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad en Santa Marta (Magdalena). El ente acusador imputó a Asselin el delito de secuestro simple agravado, cargo que el procesado no aceptó.
La investigación, liderada por un fiscal de la seccional Magdalena con apoyo de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, reveló que el 26 de abril de 2024 la menor fue presuntamente secuestrada y torturada por dos personas, entre ellas Asselin, de 29 años, que habría actuado en represalia porque la víctima supuestamente tomó sin permiso algunos objetos del hostal.
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Según la Fiscalía, el material probatorio indica que la menor fue forzada a ingresar a una de las habitaciones del establecimiento, donde fue amarrada de pies y manos y sometida a tratos degradantes. Estas evidencias fueron fundamentales para sustentar la imputación del delito.
La captura de Asselin se produjo durante un procedimiento de rutina en un puesto de control de la Policía de Turismo ubicado en la terminal de transportes de Cartagena. Durante la verificación de antecedentes, los uniformados detectaron una circular azul y una orden de captura emitida por Interpol en su contra.
Ante la gravedad de la situación, un juez de control de garantías impuso a Andy Asselin medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
A estos hechos, se suma la judicialización de un hombre por parte de la Fiscalía, que sería el responsable de causar la muerte de su compañera sentimental, de 45 años. Todo ocurrió en la noche del pasado 21 de diciembre de 2024 en inmediaciones de la Arboleda del Campestre en Ibagué (Tolima).
Una fiscal de la seccional Tolima imputó al procesado los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
La Fiscalía determinó que poco antes del crimen la mujer había sostenido una fuerte discusión con el presunto agresor quien, se cree, la cuestionó por una situación que se habría presentado en una reunión con sus compañeros de trabajo.
La víctima sufrió heridas causadas con un objeto contundente, al parecer, el casco usado por el investigado para conducir motocicleta. Según la investigación, con el aparente propósito de evadir la justicia, el judicializado habría arrojado el cuerpo de la mujer a un caño.
Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición por lo que de inmediato fue activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), logrando hallarlo en avanzado estado de descomposición en la glorieta del Rodeo en Ibagué (Tolima).
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional, capturaron el pasado 7 de enero al ahora imputado, en la vereda Buenos Aires, en zona rural de capital tolimense. En desarrollo del procedimiento, fueron incautadas una motocicleta, una mochila que pertenecería a la víctima y dos celulares.
El investigado no aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Además, una acción liderada por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto la existencia de una red criminal señalada de captar ciudadanos interesados en comprar dólares, oro e inmuebles en el Tolima.
Uno de los integrantes de esta organización delincuencial sería John Gabriel Amariles Mateus a quien un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) lo imputó como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones; secuestro simple; hurto calificado y agravado; y actos sexuales violentos. Cargos que no aceptó.
El material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenció que el grupo delincuencial coordinaba las reuniones con las víctimas, con la falsa promesa de conocer los bienes de su interés o concretar otras ventas.
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