Petro se pronunció sobre polémica en la SIC: defendió al tío de Verónica Alcocer y arremetió contra Germán Vargas Lleras

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X sobre la creciente controversia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un tema que ha acaparado la atención mediática por las implicaciones políticas y administrativas relacionadas con Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer.

La controversia inició con la renuncia de dos delegados de la SIC, Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos. Ambos presentaron sus dimisiones argumentando desacuerdo con la manera en que se ha manejado el caso de Alberto Merlano Alcocer. Este conflicto está vinculado a una sanción impuesta en 2012 por prácticas restrictivas de competencia cuando Merlano era miembro principal de la junta directiva del Acueducto de Bogotá.

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El 3 de noviembre, Merlano solicitó formalmente la revocación de dicha sanción, que asciende a 240 millones de pesos, argumentando violaciones al debido proceso. Según versiones, esta revocatoria podría despejar el camino para que Merlano asuma la presidencia de Ecopetrol, pero las renuncias de Sánchez y Sierra han frenado el avance del proceso.

La superintendente Cielo Rusinque también ha sido objeto de críticas por solicitar renuncias protocolarias a varios funcionarios de la SIC, lo que ha sido interpretado como un intento de reorganizar su equipo en medio de la crisis. No obstante, fuentes de la entidad aseguran que estas solicitudes son procedimientos administrativos comunes, amparados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

La versión del presidente

Gustavo Petro negó categóricamente las versiones difundidas por la periodista Diana Giraldo, quien en su cuenta de X afirmó: “La superintendente Cielo Rusinque tiene en sus manos la renuncia de dos funcionarios que se niegan a favorecer a Alberto Merlano Alcocer revocando una sanción en su contra. Merlano suena para presidente de Ecopetrol, pero no podría con esta sanción”.

Petro respondió con un extenso mensaje: “1. Esto es una mentira total. Los funcionarios no renunciaron, les pidieron la renuncia. Y no por lo que dice la periodista. 2. Yo no tengo multa de la SIC, mis procesos pasaron todos a la comisión de acusaciones, donde por el vacío jurídico sobre la que se impuso la multa de la SIC, pues solo cumplía una sentencia de la Corte Constitucional, se cayó”. Además, destacó que la sanción contra Alberto Merlano está suspendida desde hace 10 años debido a un fallo de primera instancia que avaló la legalidad de un decreto relacionado con el modelo de aseo en Bogotá durante su alcaldía.

El presidente también acusó a sectores políticos de haber utilizado la SIC como herramienta de represalia por decisiones tomadas en su gobierno local: “El allanamiento que la SIC produjo bajo mi mandato a la Empresa de Acueducto de Bogotá se debe solo a que, en el cambio del modelo de aseo y terminado el contrato de basuras de Alberto Ríos, los militantes de Cambio Radical y amigos de Germán Vargas Lleras decidieron multarme, usando la SIC, en represalia por no prorrogar un contrato del financiador del señor Vargas Lleras, el señor Ríos”.

La postura de la SIC

En un comunicado oficial, la SIC rechazó las interpretaciones que vinculan las renuncias de los delegados con presiones indebidas relacionadas con el caso Merlano. La entidad afirmó que no tiene facultades para levantar de manera unilateral sanciones impuestas, ya que estas están sujetas a un control judicial de legalidad por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Reiteramos que son los tribunales los que tendrán la última palabra. (...) A pesar de todas las garantías dadas, en este caso en particular, se ha recurrido a medidas extrajurídicas tendientes a debilitar una administración cuya única preocupación ha sido defender el interés general”, indicó la entidad. Además, desestimó las acusaciones de retaliaciones administrativas y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.