Mientras comunicaba el ajuste salarial para el 2025, el presidente envió una ‘indirecta’ a los empresarios que proponían un aumento moderado

De manera contraria a la propuesta de los gremios empresariales sobre un ajuste salarial moderado en la mesa de concertación del salario mínimo para el 2025, el presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 9,54% que dejaría el sueldo básico mensual en $1′462.000.

Los voceros del medio productivo y corporativo fundamentaron sus razones en la estabilidad de las empresas colombianas y la protección de intereses para los pequeños y medianos emprendedores, como un aspecto fundamental en el sector económico de Colombia.

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Sin embargo, la posición del Ejecutivo fue diferente y su tesis para definir el alza fue que “si crece el salario mínimo crece la economía”.

Y sobre ese lema, el jefe de Estado articuló su discurso con el que anunció la suma básica que recibirán los trabajadores del país. Incluso, aprovechó la oportunidad para endilgar a los empresarios con prácticas vinculadas a la esclavitud.

Durante su discurso, el mandatario destacó que, con los incrementos aprobados en los últimos tres años, el salario mínimo real en Colombia ha crecido entre un 30% y un 35%.

Pero respondió a las críticas de gremios empresariales como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que han expresado preocupación por el impacto económico de estos aumentos.

“El empresariado grande de Colombia dice que si subo el salario mínimo real, se desploma la economía. Eso no es cierto. En 2022, 2023 y ahora en 2024, hemos incrementado el salario mínimo por encima de la inflación, y la economía ha crecido. La recibimos casi en recesión y ahora se proyecta un crecimiento del 2% este año y del 3% para el próximo”, afirmó el primer dignatario.

Entonces, para argumentar la intención de que los ajustes salariales contribuirán no solo al crecimiento económico, en aras de mejorar la dignidad de los trabajadores colombianos, señaló que las posturas empresariales que se oponen a la reforma laboral perpetúan la desigualdad y la violencia en el país.

“El salario mínimo si crece hace crecer la economía, no al contrario, no es con trabajadores esclavos, como crece la economía de un país, es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos, por eso vienen impidiendo que se apruebe la Reforma Laboral, no le sirve a Colombia, nos ha condenado a la misera, a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo”, agregó.

De la misma manera también arremetió directamente contra Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y calificó como “una profunda mentira” su tesis de que los aumentos salariales afectan negativamente la economía.

El incremento salarial, aunque celebrado por los sindicatos, ha generado preocupación en algunos sectores empresariales, que advierten sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las empresas y la competitividad en el mercado.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, incluso dijo que el aumento es “totalmente elevado y populista”, a la vez que dijo que la el decreto era “un tiro al pie”.

La respuesta de Bruce Mac Máster

Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), expresó su descontento a través de su cuenta en X.

El líder gremial calificó la decisión como una medida populista que traerá consecuencias negativas a largo plazo.

“Las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro”, afirmó Mac Master.

Sobre el presidente dijo que “casi siempre se trata de hacer anuncios que mucha gente puede celebrar pero termina en generando inmensos costos para toda la sociedad en el futuro especialmente para los más vulnerables. Eso no es nuevo, eso ya lo han puesto en práctica muchos mandatarios de muchos lugares del planeta, y los resultados siempre son más pobreza, menos desarrollo, más desempleo, más costo fiscal para el Estado, y finalmente desespero de los gobernantes”.

En su mensaje, señaló que estas medidas suelen ser celebradas inicialmente, pero generan altos costos sociales. “Terminan en más pobreza, menos desarrollo, más desempleo, un mayor costo fiscal para el Estado y, finalmente, el desespero de los gobernantes”, añadió.