Por presiones para levantar sanción al tío de la primera dama Verónica Alcocer, renunciaron dos funcionarios de la SIC

El caso de Alberto Merlano Alcocer, sancionado en 2012 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desencadenó una serie de renuncias y tensiones internas en esta entidad.

Según informó Caracol Radio, dos altos funcionarios de la SIC, Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra, presentaron su renuncia tras expresar desacuerdos con las presiones para revocar la sanción impuesta a Merlano, que es señalado como un posible candidato para asumir la presidencia de Ecopetrol.

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La sanción en cuestión, que asciende a 240 millones de pesos, fue impuesta a Merlano por su participación en prácticas restrictivas de la competencia durante su gestión como presidente de la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab), en el entorno del polémico cambio en el modelo de recolección de basuras impulsado por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia.

La multa también involucró a otros funcionarios de la administración de Petro y a entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

El lunes 23 de diciembre, Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, decidieron abandonar sus cargos tras rechazar la solicitud de revocatoria de la sanción presentada por Merlano. Según detalló Caracol Radio, ambos funcionarios habrían sido presionados para aceptar la petición, lo que generó un conflicto ético que los llevó a dimitir.

La solicitud de Merlano, presentada inicialmente el 3 de noviembre, argumentaba una supuesta violación al debido proceso, amparándose en el artículo 29 de la Constitución Política.

Sin embargo, el Comité de Conciliación de la SIC, del cual formaban parte Sánchez y Sierra, concluyó el 9 de diciembre que no existían fundamentos legales para aceptar la revocatoria. Posteriormente, Merlano presentó un nuevo recurso alegando un “agravio injustificado”, señalando que la sanción le dificultaba acceder a oportunidades laborales.

El caso tomó un giro inesperado cuando, el 18 de diciembre, Sánchez y Sierra se declararon impedidos para seguir participando en el proceso, argumentando que ya habían emitido un concepto previo sobre el asunto. Sin embargo, otros miembros del comité presentaron sus propios impedimentos de manera extemporánea, lo que complicó aún más la situación.

El caso de Merlano Alcocer no solo generó controversia por las implicaciones legales, sino también por sus conexiones políticas y familiares. Merlano es tío en segundo grado de la primera dama, Verónica Alcocer, y figura como un asesor cercano al presidente Petro en temas de servicios públicos.

Estas relaciones alimentaron las especulaciones sobre un posible intento de despejar el camino para su nombramiento como presidente de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país.

La sanción que enfrenta Merlano se remonta a su gestión en la Eaab, cuando, según la SIC, facilitó prácticas restrictivas de la competencia al excluir a empresas privadas del modelo de recolección de basuras en Bogotá. Este episodio, que también involucró al propio Petro, desató en su momento un intenso debate político y jurídico, con sanciones impuestas por la Procuraduría y la Contraloría, algunas de las cuales han sido anuladas en años recientes.

La renuncia de Sánchez y Sierra no fue el único cambio en la SIC. La superintendente Cielo Rusinque solicitó la renuncia protocolaria de todos los delegados de libre nombramiento y remoción, lo que podría derivar en un remezón mayor dentro de la entidad.

Aunque Rusinque no explicó públicamente las razones de esta decisión, fuentes citadas por Caracol Radio sugirieron que estaría relacionada con el caso Merlano y las tensiones generadas en torno a su resolución.

Además, la casa de Nariño habría estado interesada en resolver este asunto antes de finalizar el año, con el objetivo de facilitar el nombramiento de Merlano en Ecopetrol. Sin embargo, la postura de Sánchez y Sierra, quienes se negaron a modificar sus decisiones, ha complicado los planes del gobierno.

Tanto Sánchez como Sierra son reconocidos por su trayectoria y experiencia en el ámbito jurídico. Sánchez, doctor en derecho con estudios en Francia, cuenta con una década de experiencia como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y fue vicepresidente jurídico de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Por su parte, Sierra, también doctor en derecho, fue investigador y profesor en la Universidad del Rosario, además de desempeñarse como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Ambos funcionarios fueron destacados por su desempeño en la SIC. Sánchez lideró un equipo que logró descongestionar el 70% de los expedientes a su cargo, lo que le valió un reconocimiento firmado por la propia superintendente Rusinque.

El caso Merlano sigue siendo una “papa caliente” para la SIC y el gobierno de Petro. Según el medio, la entidad está evaluando cómo proceder, ya sea nombrando nuevos miembros en el Comité de Conciliación o dejando la decisión en manos de los integrantes actuales. Sin embargo, cualquier resolución deberá esperar hasta que finalice la vacancia judicial, el próximo 10 de enero de 2025.

Mientras tanto, las renuncias de Sánchez y Sierra han dejado en evidencia las tensiones internas en la SIC y las posibles implicaciones políticas del caso. Este episodio podría tener repercusiones no solo en la entidad, sino también en el gobierno, especialmente si se confirma el nombramiento de Merlano en Ecopetrol.

El desenlace de este caso será clave para determinar el impacto de estas decisiones en la administración Petro y en la percepción pública sobre la transparencia en el manejo de las instituciones del Estado.