Se acerca un nuevo año y, como sucede cada enero, los colombianos ya está a la espera de conocer los nuevos costos de vida que regirán durante el 2025 en todo el territorio nacional.
De hecho, uno de los temas que más ha causado polémica durante los últimos dos años ha sido el incremento excesivo que ha presentado el cánon de arrendamiento, pues afecta directamente a unos 17 millones de colombianos.
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Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones para el 2025, el aumento del canon de arrendamiento podría ser moderado, lo cual representaría un alivio económico para muchos arrendatarios.
Tenga en cuenta que el ajuste en los precios de arriendo en Colombia está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este incremento está ligado al índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación anual en el país. Por ley, el valor del arriendo no puede subir más del porcentaje correspondiente al IPC, garantizando así una protección frente a aumentos excesivos.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el IPC acumulado a noviembre de 2024 se situó en un 5,2%, es decir, si este porcentaje se confirma como la base para el ajuste de 2025, un arriendo mensual de $1.000.000 aumentaría 52.000 pesos, quedando en $1.052.000.
Aunque el IPC proyectado para el 2025 es menor en comparación con los últimos años, sigue representando un incremento en los gastos de quienes viven en arriendo. En 2022 y 2023, los ajustes fueron significativamente mayores, alcanzando un 13,1 % y 9,2 %, respectivamente. Este descenso en la inflación trae un respiro a los hogares colombianos.
Tenga en cuenta que, aunque el ajuste empezará a regir desde enero del próximo año, no significa que el aumento no se aplica automáticamente al inicio del 2025. Este entra en vigencia cuando se renueva el contrato de arrendamiento, siempre y cuando haya transcurrido un año desde el último ajuste. Por ejemplo, si el contrato se renueva en septiembre de 2025, el incremento se aplicará a partir de ese mes.
Para calcular el nuevo valor, basta con multiplicar el valor actual del arriendo por el porcentaje del IPC. Por ejemplo, si el canon es de $1.800.000 y el IPC es del 5 %, el nuevo valor será de $1.890.000.
La legislación también establece que el valor mensual del arriendo no debe superar el 1 % del valor comercial de la propiedad. Esto garantiza precios justos y protege a los inquilinos de posibles abusos. Por ejemplo, para un inmueble valorado en $200 millones, el arriendo no debería exceder los $2.000.000.
Ahora bien, el arrendatario debe tener en cuenta que las estimaciones del Dane, aunque pueden ser aplicadas, no son regla general para definir el costo de administración de edificios y conjuntos residenciales, pues este precio se fija en las asambleas de copropietarios, donde se aprueban los presupuestos y ajustes necesarios para el mantenimiento de las áreas comunes. Este incremento suele aplicarse desde abril o en la fecha estipulada por la asamblea.
Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), aproximadamente el 32 % de los colombianos vive en arriendo, lo que equivale a 17 millones de personas. Este grupo se concentra mayoritariamente en ciudades como Bogotá y Medellín, donde la demanda de viviendas arrendadas es alta.
Entretanto, en el contexto de las discusiones sobre el salario mínimo y el costo de vida, el Ministerio del Trabajo ha planteado la posibilidad de desvincular el salario mínimo de ciertos bienes y servicios, incluido el arriendo, como una medida para aliviar la carga económica de los ciudadanos.
Aunque el aumento del arriendo para 2025 será moderado, este sigue siendo un factor clave en la planificación financiera de millones de colombianos. Es esencial que los inquilinos revisen sus contratos y se mantengan informados sobre las regulaciones vigentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
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