La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó al coronel (r) del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos se habrían presentado cuando Guzmán Ramírez se desempeñó como comandante del Batallón Contraguerilla 79, que tenía su base en Dabeiba e Ituango, Antioquia.
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La unidad de investigación de la JEP en su acusación explicó que, en diez hechos, Guzmán Ramírez habría participado en homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, habría sido el responsable de desapariciones forzadas y, en algunos casos, presuntos tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil.
Según la JEP, serían “para obtener felicitaciones y demás incentivos previstos en las disposiciones administrativas internas del Ejército Nacional”.
El tribunal detalló que las víctimas mortales habrían sido exhumadas de cementerios de Ituango y Dabeiba, que han sido identificadas por integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Los hechos por los que se acusó al coronel (r) del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez se habrían presentado entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando el oficial en mención estuvo al frente del Batallón Contraguerrilla 79.
La unidad de investigación de la JEP detalló que “durante la indagación, la Fiscalía de la JEP logró documentar todas las operaciones militares de los hechos investigados, a pesar de que los originales de los documentos se perdieron en un incendio y que el Ejército Nacional no tenía copia de ellos”.
Y agregó: “Así mismo, los investigadores ubicaron más de 130 testigos de los hechos y cuentan con alrededor de 643 evidencias testimoniales, 2.550 documentos, 170 informes base de opinión pericial, 70 evidencias demostrativas y 25.000 folios de información que fueron calificados y analizados”.
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La Fiscalía de la JEP solicitará en el juicio contra el coronel (r) del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez una pena máxima de 20 años de prisión.
“La participación de Guzmán se hizo de diferentes maneras, incluso directamente, y en otros casos dio la orden para que personas de su batallón ejecutaran a las victimas que fueron retenidas por el Ejército. Contra otros exmiembros también cursa investigación de oficial de apellido Amor. En este caso también existió relación entre el oficial Guzmán y grupos paramilitares y se estigmatizó personas de Ituango como guerrilleros”, indicó el fiscal Giovanni Álvarez.
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La acusación contra el exalto oficial del Ejército Nacional se convierte en la primera acusación por falsos positivos en Antioquia.
Integrantes del Ejército absueltos
La Jurisdicción Especial para la Paz resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del Ejército que no fueron seleccionados como máximos responsables de ‘falsos positivos’ en Norte de Santander.
“Concederles la renuncia a la persecución penal implica la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales, conforme a las normas vigentes de la Constitución y lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz de 2016″, explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga.
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Y agregó: “Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad”.
El tribunal precisó que los 36 comparecientes de la fuerza pública que recibieron este beneficio cumplieron con “aportes exhaustivos y detallados de la verdad, medidas de reparación dirigidas a la dignificación de las víctimas y garantías de no repetición”.
La JEP informó que el magistrado Mauricio García, de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, explicó que los aportes de verdad que hicieron los comparecientes ante la JEP que hoy reciben estos beneficios “permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la jurisdicción ordinaria, que en la mayoría de los casos no terminaron la etapa de la investigación”.
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