Fiscalía judicializó a los tres soldados capturados por venta de armas y municiones a disidencias de las Farc y Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación informó que tres miembros del Ejército Nacional, quienes habían sido capturados el jueves 12 de diciembre por vender municiones y armamento a las disidencias de las Farc y a integrantes del Clan del Golfo, que tienen presencia en el suroccidente y oriente del país, fueron judicializados.

Los hombres fueron identificados como el sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo, señalados de realizar actividades para la extracción de cartuchos de fusil en medio de sus labores en diferentes batallones del territorio nacional, además de ingresar al sistema de misiones del Ejército de manera ilegal para alterar la información y evitar ser detectados.

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Según la información de la institución, estos hombres alcanzaban a sustraer más de 40.000 cartuchos mensualmente, los cuales eran entregados a estas organizaciones criminales. A cambio, recibían jugosas consignaciones en sus cuentas bancarias personales o billeteras virtuales.

Así procedían estos uniformados, tal como lo explica el comunicado oficial de la Fiscalía: “Las evidencias recopiladas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que el material era entregado a contactos externos, quienes se encargaban de embalarlo y enviarlo entre baterías de carros y buses de servicio de transporte interdepartamental a Cauca, Arauca, entre otros departamentos”.

Los delitos que les fueron imputados por un fiscal de la seccional de Tolima fueron: concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; enriquecimiento ilícito de particulares; lavado de activos; violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático. Los cargos no fueron aceptados.

Estas capturas se realizaron en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo (Cundinamarca), el Hospital Militar de Bogotá y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 del Ejército Nacional en Cali (Valle del Cauca), por personal del CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional.

En el momento en que se conocieron los procedimientos de captura de estos hombres, Infobae Colombia pudo conocer las primeras declaraciones oficiales del Ejército Nacional sobre los resultados de esta operación, que afecta las actividades de estos grupos criminales: “Las capturas fueron adelantadas por la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Militares. Estos militares recibían 1.300 millones de pesos al año, vendiéndole este armamento a las disidencias de las Farc”.

En pro de erradicar las estructuras criminales y las actividades que afectan el orden público del país y acaban con la vida de cientos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en el territorio nacional, la institución afirmó que no se escatimará en todo el proceso y las diligencias pertinentes para que a estos hombres les caiga todo el peso de la ley.

“La institución seguirá comprometida con los principios de justicia y transparencia, brindando su total disposición para apoyar a las autoridades judiciales en el avance de las investigaciones penales que correspondan. De igual forma, dará inicio a las indagaciones disciplinarias y administrativas en las unidades implicadas en este hecho”, señaló el Ejército.

Este y otro tipo de escándalos que se han destapado al interior de la institución en las últimas semanas relacionados con denuncias de acoso laboral y sexual entre los mismos, tienen a las Fuerzas Militares en el ojo del huracán por la falta de contundencia y credibilidad en los debidos procesos. Además, se cuestiona la forma en que son seleccionados, ya que muchas de las ideas de cometer actos delictivos se crean entre ellos.