Tras una exhaustiva visita por Colombia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reveló una estremecedora realidad: habrían miles de cuerpos no identificados almacenados en un hangar del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Este hallazgo es parte de un panorama desolador que incluye cementerios colapsados y crematorios utilizados sin un protocolo claro.
La delegación del Comité, que recorrió ciudades como Cali, Medellín, Santa Marta y Villavicencio, evidenció que los cuerpos sin identificar reflejan la falta de acción estatal frente a las desapariciones forzadas en el país. “Aunque las desapariciones comenzaron en Colombia alrededor de la década de 1940, no son sólo un delito del pasado. Siguen ocurriendo a diario en diversas circunstancias”, declaró el organismo internacional.
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“Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas “piscinas”. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, informó.
El informe preliminar señaló que las deficiencias institucionales y los sistemas fragmentados han contribuido al rezago en la identificación de víctimas, agravando la incertidumbre de miles de familias.
Medicina legal se pronunció
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respondió a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En un comunicado oficial, la entidad aseguró que desconoce la existencia de dicho hangar y aclaró que “no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.
Alto porcentaje de impunidad y falta de un registro único sobre desaparición forzada
El informe también reveló una cifra alarmante: el 98% de los casos de desaparición forzada permanecen en la impunidad, lo que refleja una débil respuesta del sistema judicial colombiano. Esta inacción perpetúa el sufrimiento de las familias y mina la confianza en las instituciones.
El Comité hizo un llamado al gobierno para que garantice los recursos necesarios, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y fomente la colaboración entre las agencias encargadas de investigar y buscar a los desaparecidos. “Es necesario que los funcionarios e instituciones respondan por sus acciones o inacciones”, afirmó la delegación.
Además, la ONU destacó que la falta de un registro centralizado y confiable de desaparecidos dificulta dimensionar la magnitud del problema. Las cifras oscilan entre 98.000 y 200.000 personas, según las distintas fuentes consultadas.
La inseguridad y el miedo a represalias también limitan las denuncias, especialmente en regiones controladas por grupos armados o criminales. El organismo internacional subrayó que las poblaciones vulnerables, como migrantes, indígenas y personas Lgbti+, enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia.
ONU instó a la JEP a abrir una nueva investigación
En su análisis, el Comité de la ONU instó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a abrir un macrocaso sobre la desaparición forzada, considerando su magnitud y complejidad en el contexto colombiano, buscando garantizar que este crimen, que afecta a múltiples sectores de la población, reciba una atención prioritaria dentro del sistema de justicia transicional.
El Comité subrayó que la desaparición forzada en Colombia no discrimina: afecta a niños, líderes sociales, migrantes, periodistas y excombatientes desmovilizados; e identificó casos vinculados al reclutamiento forzado, la trata de personas y las protestas sociales. Además, destacó que las familias de los desaparecidos enfrentan obstáculos legales y burocráticos.
Así las cosas, la recomendación a la JEP se suma a una serie de propuestas que incluyen fortalecer la coordinación entre instituciones y simplificar los trámites legales para que las familias puedan acceder a justicia y reparación.
Acciones urgentes y publicación del informe final
El Comité enfatizó que la crisis de la desaparición forzada en Colombia requiere acciones inmediatas. Entre sus propuestas destacan la articulación de las instituciones existentes, la eliminación de duplicidades burocráticas y la asignación de personal especializado.
“Racionalizar los mandatos y reducir la superposición burocrática son esenciales para que el sistema funcione a favor de las víctimas y no en su contra”, expresó la delegación de la ONU. Asimismo, señaló que el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y la asignación de fondos suficientes son pasos clave para enfrentar la problemática.
Las conclusiones preliminares del Comité serán complementadas con un informe público que se publicará en abril de 2025. Este documento ofrecerá un análisis detallado y recomendaciones adicionales para abordar la desaparición forzada en el país. Mientras tanto, con este llamado, la ONU busca visibilizar la magnitud de la crisis y exigir una respuesta contundente.
Las familias de los desaparecidos, que aún esperan justicia, continúan siendo el rostro más doloroso de esta tragedia. “Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que lidia con un dolor no resuelto”, concluyó la delegación.
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