El 4 de diciembre de 2024, durante la tarde, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó con 14 votos a favor y diez en contra el proyecto de ordenanza número 59, que pretende establecer en el departamento una tasa destinada a financiar la seguridad y la convivencia entre los ciudadanos. Dicha iniciativa fue impulsada por el actual gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.
Esta medida ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios, y uno de estos fue el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, opositor al mandatario departamental.
Quintero, por medio de su cuenta de X, mostró su disgusto con la aprobación de esta iniciativa e informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que intervengan el acuerdo de la Asamblea de Antioquia .
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“El abuso en las tarifas de servicios públicos en Antioquia es inaceptable. Pediré a @PGN_COL, @CGR_Colombia y @Superservicios que intervengan para proteger a los usuarios de cobros ilegales y excesivos”, escribió en su cuenta de X el político cercano al Gobierno nacional.
Por medio de un comunicado, Quintero profundizó en su anuncio. “El exalcalde de Medellín y expresidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, anuncia que pedirá la intervención inmediata de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para controlar los abusos de las autoridades y los prestadores de servicios públicos en sus relaciones con los usuarios”, se lee en el comunicado.
Esta petición se origina tras la reciente aprobación de una ordenanza en Antioquia que permitirá añadir conceptos no autorizados por la ley a las tarifas de servicios públicos, lo que representa una infracción a los derechos de los consumidores. Además, se han documentado numerosos casos de cobros excesivos en las tarifas de energía, alumbrado público y aprovechamiento, impactando negativamente en la economía de los habitantes y negocios de la región.
Frente a lo anterior Daniel Quintero comentó lo siguiente: “La reciente aprobación de esta ordenanza vulnera el principio de legalidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios, establecido en la Ley 142 de 1994 y reafirmado por la Corte Constitucional. No podemos permitir que se sigan imponiendo cargas ilegales y desproporcionadas a los usuarios”.
El exalcalde solicitó la intervención de las entidades de control para revisar la legalidad de la ordenanza aprobada que afecta las tarifas de servicios públicos. Insta a dichas entidades a actuar frente a los cobros indebidos y asegurar la protección de los derechos de los usuarios. Su llamado subraya la importancia de que no se incluyan conceptos ajenos a los contratos previamente establecidos y aceptados por la ciudadanía, buscando así garantizar una absoluta transparencia y equidad en el cobro de los servicios.
Quintero de igual manera instó a que se impongan sanciones a los responsables de lo que el considera que son “abusos”, abarcando tanto al nivel administrativo como político.
En el comunicado también se menciona que “Quintero Calle reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los antioqueños y de todos los colombianos frente a decisiones arbitrarias que impacten negativamente sus finanzas y el acceso a servicios esenciales”.
Además de Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez también mostró su desacuerdo con dicha medida mientras se estaba discutiendo en la Asamblea de Antioquia.
De hecho cuando se aprobó dijo que: “Lamentablemente la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto-tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía. No puedo estar de acuerdo con esto. Fueron 14 votos positivos, 10 votos negativos y 2 no votaron. Desde EPM NO haremos dicho cobro a ciudadanos y empresas”.
Y añadió que: “Es inconveniente que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa. Frente a las necesidades de seguridad, comparto la preocupación. El Gobierno Nacional debe fortalecer el presupuesto para nuestra fuerza pública”.
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