Rodrigo Granda recibe amnistía de la JEP por rebelión, pero enfrentará procesos por crímenes graves

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó el beneficio de amnistía de iure a Rodrigo Granda Escobar, exintegrante del secretariado de las Farc-EP, por el delito de rebelión en cinco procesos judiciales remitidos por la justicia ordinaria en Bogotá y Puerto Asís.

Según la JEP, la decisión abarca un total de diez procesos penales relacionados con 275 hechos, determinando que las pruebas en su contra estaban vinculadas a sus funciones dentro del grupo armado, sin evidencias directas de su participación o órdenes en los delitos imputados.

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De los 42 expedientes que la justicia ordinaria trasladó a la JEP, 38 ya han sido resueltos por la SAI, mientras que cuatro siguen en trámite. Sin embargo, algunos de los crímenes relacionados con Granda no califican para la amnistía debido a su gravedad.

La SAI evaluó procesos relacionados con el reclutamiento de menores y desapariciones forzadas en los que Granda fue vinculado. Dado que estas conductas no son amnistiables y conforme al Auto 5 de 2024 del Caso 07 de la JEP, que imputó a otros miembros del secretariado por reclutamiento forzado y otros crímenes, estos casos fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta última activará una ruta no sancionatoria para el compareciente, quien no fue señalado como máximo responsable.

La JEP ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) localizar a las víctimas de reclutamiento y desaparición forzada mencionadas en los procesos, con el fin de garantizar su participación en la ruta no sancionatoria.

Por los crímenes de lesa humanidad y guerra, como secuestro, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, la Sección de Reconocimiento de la JEP continúa evaluando la responsabilidad de Rodrigo Granda. Estos crímenes están asociados a la práctica sistemática de secuestros cometidos por las Farc-EP.

En cuanto al caso específico del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, ocurrido en 2004, la SAI reiteró que la JEP se declaró incompetente para investigar dichos hechos. La decisión final sobre la competencia está en manos de la Sección de Apelación.

Quién es Rodrigo Granda

Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller de las Farc”, ha sido un personaje central en la historia reciente de Colombia. Su captura en Ciudad de México en 2021, debido a su presunta implicación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, generó profundas tensiones diplomáticas y políticas.

Granda tenía una circular roja de Interpol emitida por Paraguay, lo que generó un conflicto en Colombia, ya que los desmovilizados de las Farc acusaron al entonces presidente Iván Duque de incumplir el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Granda, nacido el 9 de abril de 1949 en Frontino, Antioquia, se unió al Partido Comunista Colombiano y posteriormente a la Unión Patriótica antes de integrarse a la guerrilla. arcSu notoriedad aumentó en diciembre de 2004 cuando fue capturado en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que provocó una crisis diplomática entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez.

En 2007, fue liberado a petición del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, como un gesto para facilitar la liberación de la política Ingrid Betancourt y otros secuestrados, aunque finalmente fueron rescatados en la Operación Jaque en 2008.

Durante las negociaciones de paz en La Habana, Granda negó cualquier vínculo de las Farc con el narcotráfico y participó activamente en las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, su detención en México se basó en pruebas encontradas en el computador del excomandante de las Farc Raúl Reyes, que lo vinculaban con el crimen de Cecilia Cubas. Según el diario paraguayo, la estrategia para el secuestro se habría planeado en Venezuela, donde Granda se reunió con miembros del Partido Patria Libre.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia le concedió amnistía y solicitó borrar sus antecedentes por delitos graves como rebelión. Sin embargo, la justicia paraguaya ha reiterado numerosas veces su pedido de captura, recordando una sentencia pendiente de 35 años de cárcel.