Sandra Ortiz reaccionó a audiencia por caso de corrupción en la Ungrd: “Estoy esperando que mi abogado hable”

La ex consejera presidencial Sandra Ortiz volvió a presentarse el martes 3 de diciembre de 2024 en los Juzgados de Paloquemao, donde la Fiscalía General de la Nación reveló nuevas pruebas que podrían definir su futuro judicial. La exfuncionaria, investigada por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, se mostró reservada al abandonar la sala de audiencias, limitándose a decir: “Estoy esperando que mi abogado hable”.

El caso de Sandra Ortiz generó interés público debido a la magnitud de las acusaciones y la relevancia política de los implicados. La Fiscalía señala que los hechos investigados forman parte de un entramado de corrupción que incluye sobornos, desvío de recursos públicos y tráfico de influencias al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En el centro de la investigación está el uso indebido de fondos destinados a contratos estatales y su presunta redistribución para fines políticos.

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De esta manera, la jornada comenzó con dificultades técnicas que obligaron a la jueza a solicitar a la Fiscalía que retomara su argumentación. La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, asumió la presentación del caso, destacando pruebas clave, entre ellas audios, videos y testimonios. Estas evidencias implican a Ortiz en supuestos actos de corrupción relacionados con la Ungrd y el presunto pago de sobornos a políticos de alto perfil, ella siendo conocida como la “mensajera”.

Entre las pruebas más destacadas, la Fiscalía presentó un video del 21 de septiembre de 2023, en el que se observa a Ortiz junto a Olmedo López, exdirector de la Ungrd y el mayor implicado en el entramado de corrupción, en la Casa de Nariño.

Según López, Ortiz buscaba discutir detalles sobre eventos y estrategias políticas relacionadas con el senador Iván Name, que en su momento fungía como presidente del Senado, ese material audiovisual fue acompañado por declaraciones de López, que aseguró que Ortiz estuvo involucrada en el manejo de recursos destinados a influir en decisiones políticas.

Otra prueba determinante fue la revelación de transacciones financieras que, según la Fiscalía, vinculan a Ortiz con un pago de 3.000 millones de pesos entregado al senador Iván Name. Estos recursos habrían sido utilizados para financiar una campaña al Concejo de Bogotá. Además, se señaló que la exfuncionaria habría gestionado un contrato por 11.000 millones de pesos a favor de la región Caribe, con el propósito de beneficiar políticamente al congresista.

Así mismo, Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd e implicado en el caso, también ofreció un testimonio crucial, pues describió cómo, supuestamente, Ortiz participó directamente en la entrega de dinero al expresidente del Senado, confirmando detalles de encuentros y movimientos que refuerzan las acusaciones de la Fiscalía.

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), también fue mencionado en el caso. Según la Fiscalía, el ex servidor público habría coordinado el pago al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, en un esquema que involucra a varias figuras políticas de alto nivel.

Declaraciones y posibles implicaciones legales

A la salida del recinto judicial, Sandra Ortiz se abstuvo de dar declaraciones detalladas y remitió cualquier comentario a su equipo legal; sin embargo, su breve afirmación refleja una estrategia de cautela frente a las acusaciones y al seguimiento de los periodistas y sus cámaras: “Estoy esperando que mi abogado hable”, como se mencionó previamente

Pero, lo que llama la atención es el futuro judicial de Ortiz, ya que este depende de la evaluación de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Si el juez considera que estas evidencias son suficientes, la exconsejera podría enfrentar una medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso. Este escenario representa un golpe significativo no solo para la exfuncionaria, sino para otros implicados en el caso, que podrían enfrentar consecuencias legales similares.