
Las recientes capturas a miembros de la fuerza pública reavivaron la posible contaminación que habría dentro de las instituciones de seguridad del Estado, en la que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como el Clan del Golfo, tendría una fuerte participación.
Y es que este grupo armado y narcotraficante habría logrado infiltrarse en la Policía y el Ejército Nacional, como lo demuestran las recientes capturas contra un intendente y un coronel, quienes habrían ayudado a las AGC a perpetuar su negocio ilícito en varios departamentos, especialmente en Bolívar.
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Según la información obtenida por El Colombiano de fuentes de la Fiscalía General de la Nación, los pagos mensuales a los uniformados oscilan entre dos y 50 millones de pesos, dependiendo del rango. Dentro de sus funciones como “empleados” del grupo armado estaría el reclutamiento de sus propios compañeros, además de la filtración de documentos reservados.
Uno de los casos más recientes involucra al intendente Harvey Arellano Cerda, quien era jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) en el departamento de Bolívar, y al que la Fiscalía le imputó el cargo de violación de datos personales agravado, el cual aceptó.
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Arellano Cerda aprovechaba su posición para acceder sin autorización a los sistemas de la entidad y extraer detalles de operaciones de la fuerza pública, alertando al frente Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo sobre las acciones en su contra.
Otro implicado es el coronel retirado José Castro Cadavid, quien hasta 2002 fue comandante del batallón de artillería mecanizada Antonio Nariño del Ejército. Durante su servicio, estableció vínculos con el frente Aristides Mesa Páez del Clan, llegando a ser uno de sus presuntos cabecillas. La Fiscalía lo acusa de participar en extorsiones, asesinatos y narcotráfico, siendo el homicidio del líder social Narciso Beleño el hecho que lo llevó a prisión.
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El Clan del Golfo ha mantenido una red de corrupción dentro de la Fuerza Pública desde su aparición en 2007, especialmente en la Policía, Ejército y Armada. Según las fuentes consultadas por el medio nacional, los registros contables del Clan, encontrados en dispositivos electrónicos incautados, detallan los pagos a 3.000 integrantes, incluyendo sobornos a uniformados bajo categorías como “coronel brigada” y “teniente batallón”.
“A los de menos rango, como los patrulleros de Policía y soldados, les pagan entre $1,5 y $2 millones de pesos al mes; a los oficiales, hasta $50 millones. Incluso hemos interceptado comunicaciones en las que estos servidores piden dinero para comprarles leche y pañales a sus bebés”, señaló un fiscal de la Nación a El Colombiano.
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Además, los investigadores detallaron que los agentes involucrados ofrecen servicios al Clan, como la filtración de información reservada, facilitación de operaciones ilegales, provisión de armas y municiones, transporte de personal y entrenamiento. Incluso, tienen conocimiento de que el reclutamiento de nuevos miembros se realiza a través de uniformados activos o retirados, quienes utilizan la camaradería para hacer ofertas a sus compañeros.
“Llegan adonde los compañeros nuevos con un celular y una liga (dinero), y les dicen ‘ahí le mandaron’. Los que no aceptan, se exponen a amenazas”, comentó uno de los fiscales consultados por el medio nacional, y a quien se le protegió su identidad por razones de seguridad.
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Uno de los exmilitares que participaba en los reclutamientos era el mayor retirado Juan Rodríguez Agudelo, alias “Zeus”, quien lideraba una red de tráfico de armas dentro del Ejército. Rodríguez Agudelo murió en un tiroteo con la Policía en septiembre de 2023.
El Clan del Golfo, con 6.016 integrantes distribuidos en 28 frentes y cinco bloques en todo el país, ha logrado sostenerse gracias a esta extensa red de corrupción.
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