Gobierno no ha implementado ley para encontrar niños desaparecidos: tiene tres días para explicar por qué, aseguró Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano expresó su preocupación, a través de su cuenta de X, destacando que el Gobierno tiene un plazo de tres días para justificar la falta de implementación de la ley Alerta Rosa. Esta normativa establece mecanismos específicos para la localización de personas desaparecidas, incluyendo niños y mujeres, un tema de alta sensibilidad y urgencia a nivel nacional.

Lozano criticó al Ministerio de Justicia, señalando que no cumplió con el plazo estipulado para reglamentar esta ley. Debido a este incumplimiento, un tribunal admitió una acción de cumplimiento, buscando presionar al Gobierno para que tome las acciones necesarias y acelere el proceso de implementación de la ley, que es crucial para la protección de las personas vulnerables.

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Y es que, en el mes de junio de 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego aprobó una legislación que instaura un sistema de búsqueda rápida y coordinada a nivel nacional para localizar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en todo el territorio. Según el documento firmado por el presidente, el objetivo es disponer de un sistema eficaz que facilite su localización y protección inmediata, impidiendo que puedan ser víctimas de otras formas de violencia de género tras su desaparición.

Sobre esta ley, la senadora Lozano en un video en su publicación de X explicó que se trata de un mecanismo diseñado para activar de inmediato una campaña de búsqueda cuando se reporta la desaparición de una niña, un niño o una mujer. Su objetivo es enviar gratis, a través de operadores móviles, información detallada sobre la persona desaparecida, como fotos y nombres, a los celulares en la zona geográfica donde ocurrió la desaparición.

Este sistema, que ha demostrado eficacia en otros países, busca agilizar la localización de las personas desaparecidas mediante la colaboración directa y sin costo para los ciudadanos.

Sin embargo, de acuerdo con Angelica Lozano se tenía un plazo de seis meses de septiembre a marzo del presente año para reglamentar esta ley, pero no se cumplió en el tiempo establecido. “Pues bien, ese plazo se venció en marzo. Desde marzo hasta hoy, solo se han pasado la responsabilidad de un lado a otro, con excusas. Van nueve meses de retraso, y mientras tanto, siguen desapareciendo niños, niñas y personas que aparecen muertas o violadas”, agregó la congresista en el video.

También comentó sobre esta situación que: “Hemos hecho cuatro derechos de petición, así como reuniones, llamadas, pero nada que sale el decreto. Y más que un decreto firmado, necesitamos que funcione. ¿Qué pasó? Pues que ya no hay más paciencia y que ya no hay ninguna excusa para que el Gobierno nacional siga dilatando este proceso”.

La legisladora destacó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción de cumplimiento que presentó, buscando obligar al presidente y al Gobierno nacional a implementar la Alerta Rosa. Esta acción judicial exige que las autoridades argumenten y justifiquen en un plazo de tres días la demora en la aplicación de la ley, que ha estado pendiente por nueve meses.

“Hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de cumplimiento que presenté para que la justicia obligue al presidente y al gobierno nacional a implementar la Alerta Rosa. Le da tres días al gobierno nacional para que argumente y justifique por qué la demora, por qué nueve meses y no le cumple a las mujeres, a los niños y a las personas desaparecidas de Colombia. Presidente Petro, no es un tema menor: al día, según Medicina Legal, desaparecen tres niños o tres niñas en Colombia. ¿Para cuándo?”, aseveró la senadora Angelica Lozano en el video que subió en sus redes sociales informando sobre el tema.

En su momento cuando se aprobó la ley se había dicho que el Ministerio de Justicia y del Derecho sería responsable de elaborar el plan, contando con el apoyo técnico de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Además, se trabajará en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones cooperarán para asegurar el éxito del plan.