El caso de las presuntas irregularidades en la compra de 342 detectores de minas antipersona, a través de una licitación liderada por la Central Administrativa y Contable del Ejército (Cenac Ingenieros), escaló a nuevos niveles de escrutinio.
Tras las denuncias publicadas por El Tiempo, la Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento urgente al coronel Juan Carlos Mosquera Mesa, director de la Cenac Ingenieros, para esclarecer los detalles de este proceso contractual.
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La polémica surgió luego de que el medio revelara posibles alteraciones en documentos presentados por la Unión Temporal Vallon, integrada por la multinacional Vallon GMBH y la empresa colombiana Segnal S. A. S. Según el periódico, el Tribunal Regional de Stuttgart, Alemania, confirmó que los apostillados incluidos en la licitación presentan inconsistencias en fechas, firmas y sellos.
El contrato, que asciende a 8.700 millones de pesos, también es objeto de denuncias por parte de Minelab IV, otro de los oferentes, que señala irregularidades en los documentos y cuestiona su autenticidad. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó compulsar copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, para que investiguen los hechos.
Requerimientos puntuales de la Procuraduría
En un documento fechado el 20 de noviembre y marcado como urgente, el procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, solicitó a la Cenac Ingenieros información detallada sobre el proceso de licitación, la cual se deberá entregar en un plazo de máximo cinco días.
- Análisis de las observaciones de Minelab IV: La entidad deberá informar qué análisis realizó sobre las dudas planteadas por Minelab IV en su solicitud de revocatoria, presentada el 4 de octubre de 2024, que están relacionadas con la posible superposición de sellos y fechas incoherentes en los documentos de traducción.
- Trámites sobre la revocatoria: Se solicitó especificar las acciones tomadas para responder a la petición de traducciones oficiales de las apostillas y la citación al traductor Mauricio Alberto Sánchez Cárdenas, que aparece como responsable de los sellos en los documentos cuestionados.
- Informe de peritos y documentos técnicos: La Cenac deberá entregar copia de la respuesta a los señalamientos realizados durante la audiencia de adjudicación del 27 de septiembre de 2024. También deberá incluir cualquier trámite interno adelantado respecto a la comunicación del Tribunal Regional de Stuttgart, que confirmó las discrepancias en las traducciones de las apostillas.
El requerimiento, de siete páginas, menciona además al perito documentológico y grafológico que analizó los papeles presentados por Minelab IV. Este perito ratificó la existencia de inconsistencias en los mismos.
El coronel Juan Carlos Mosquera, que además es el ordenador del gasto en este proceso, afirmó a El Tiempo que fue quien remitió las denuncias a la Fiscalía: “Estuve en los despachos de Paloquemao y me informaron oficialmente que la Fiscalía había decidido priorizar el caso”. Por su parte, el ente investigador inició indagaciones para determinar si los documentos presentados por Vallon fueron alterados de forma deliberada.
Este caso pone bajo la lupa no solo la transparencia en los procesos contractuales del Ejército, sino también la responsabilidad de las empresas involucradas en garantizar la autenticidad de los documentos presentados. El impacto de estas investigaciones podría tener repercusiones significativas en los procesos de contratación en la institución militar y en la credibilidad de los contratistas del sector defensa.
Por ahora, todas las miradas están puestas en la respuesta que entregue la Cenac Ingenieros a la Procuraduría en los plazos establecidos por el ente de control disciplinario.
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