A una década de que estallara el escándalo por malos manejos administrativos en la Fundación Universitaria San Martín, un juzgado de Bogotá dictó las primeras condenas contra miembros de la familia fundadora y directivos involucrados en graves irregularidades.
Este caso, que dejó sin título válido a miles de estudiantes, culmina con sentencias por estafa agravada en masa y enriquecimiento ilícito, en un proceso que ha tardado años en llegar a esta etapa.
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Entre los principales condenados están Martín Alvear, hijo de Mariano Alvear, fundador de la universidad, y su esposa, Xiani Piedad Ocampo, quienes lideraban el entramado fraudulento desde la junta directiva conocida como “el plenum”. La jueza Gloria Rossmary Mahecha les impuso una pena de 10 años de cárcel por estafa y enriquecimiento ilícito.
Junto a ellos, Ana Rosalba Galvis, quien tenía el control financiero de la institución, recibió una sentencia de tres años y medio de prisión, mientras que Luis Fernando Sánchez, contador encargado de manipular las cifras a conveniencia de los directivos, fue también condenado.
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En contraste, Jorge Eliécer Paternina, señalado como enlace con las notarías que respaldaban los intereses ilegales de la familia Alvear, fue absuelto. Según la jueza, Paternina actuaba únicamente como mensajero y no tenía conocimiento de las actividades ilícitas.
Un fraude de gran magnitud
El proceso penal, que inició hace siete años tras una investigación exhaustiva de la Fiscalía, permitió comprobar que los implicados desviaron recursos de la Fundación Universitaria San Martín hacia cuentas en el extranjero y bienes personales.
De acuerdo con la sentencia conocida por El Tiempo, los directivos utilizaban documentación falsa para evadir medidas judiciales y vendían de manera simulada inmuebles de la universidad a empresas y fundaciones de su propiedad. Además, a través de una fiducia, lograron obtener $64.000 millones y $2,5 millones de dólares que, en lugar de destinarse al pago de deudas institucionales, terminaron en sus manos.
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“Usaban documentación falsa para levantar las medidas cautelares decretadas judicialmente, luego de lo cual simularon ventas sobre los inmuebles de la universidad a empresas y fundaciones de propiedad de Mariano Alvear o de su círculo cercano; ello con el fin de sustraer esos bienes de la persecución de los acreedores”, detalla la decisión judicial citada por el medio ya citado.
Impacto en la comunidad académica
El escándalo no solo afectó las finanzas de la universidad, sino también a su comunidad académica. Según Rodrigo Acosta, inspector de la Fundación entre 2014 y 2016, los estudiantes y profesores enfrentaban un profundo descontento por la falta de pagos y la imposibilidad de graduarse debido a la falta de acreditación oficial en cerca de 15 programas.
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Un estudiante de Ingeniería de Sistemas narró al juzgado que tuvo que trasladarse a la Universidad El Bosque para continuar su carrera, donde no le homologaron sus estudios porque las falencias en los programas de la San Martín ya eran ampliamente conocidas.
El proceso penal inicialmente contemplaba seis delitos, entre ellos concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, que prescribieron con el paso del tiempo. Sin embargo, las pruebas y testimonios presentados permitieron sostener las acusaciones por estafa y enriquecimiento ilícito.
En cuanto a las condenas, la jueza determinó que Ana Rosalba Galvis y Luis Fernando Sánchez fueran absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito, pero sentenciados por estafa agravada. Por su parte, Xiani Piedad Ocampo y Martín Alvear fueron encontrados culpables de ambos delitos.
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Aunque los condenados anunciaron que apelarán la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fallo es un hito en la búsqueda de justicia para los miles de afectados. Así lo considera Jaime Salamanca, abogado de la Fundación Universitaria San Martín, bajo su nueva administración.
“Esta decisión también es una victoria de los estudiantes, pues con ella se conoció la verdad y se impartió justicia en contra de quienes los defraudaron y desfalcaron el patrimonio de la institución”, comentó, según conoció El Tiempo.
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