
Ante las crecientes denuncias que surgieron en contra de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y aspirante a ser candidata presidencial por su partido, lanzó una dura crítica hacia los líderes de la petrolera estatal, calificándolos como “dirigentes ‘vampiro’”.
En una publicación a través de sus redes sociales, la congresista opositora expresó su preocupación por el manejo actual de la empresa y el impacto que estas decisiones podrían tener en sus trabajadores: ”Son los dirigentes ‘vampiro’ que tienen prebendas por encima de sus asociados que pierden el trabajo y perderán hasta sus pensiones si esto sigue en manos de depredadores”.
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Las declaraciones de Cabal coinciden con las investigaciones y denuncias que cuestionan la integridad de la gestión de Roa. Las acusaciones van desde el presunto direccionamiento de contratos a empresarios cercanos hasta irregularidades en la contratación dentro de la empresa. Diversos medios resaltaron que estas maniobras podrían estar relacionadas con la financiación de campañas políticas previas, específicamente la campaña presidencial de 2022, en la que el líder de la empresa estatal tuvo un papel protagónico como gerente.
Además, los señalamientos sobre un posible enriquecimiento personal y el involucramiento de terceros cercanos a Roa, como su pareja Julián Caicedo Cano, encendieron alarmas sobre posibles conflictos de interés en la contratación de personal y la toma de decisiones clave dentro de la organización.
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La raíz de las palabras de María Fernanda Cabal en contra de Ecopetrol
Frente a estas acusaciones, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de trabajadores de Ecopetrol, salió en defensa de Roa. En un comunicado emitido el pasado 18 de noviembre, el gremio destacó las gestiones del presidente en la reducción de la burocracia heredada de administraciones anteriores y denunció lo que calificó como un ataque mediático destinado a desestabilizar la empresa y su actual dirección.
“Destacamos que en Ecopetrol se está atacando la enorme burocracia que dejaron administraciones anteriores, mediante la reducción de cargos directivos y la optimización de aproximadamente 50 cargos entre vicepresidencias, gerencias y jefaturas de liderazgo corporativo que representan un alto costo para la empresa”, se lee en el comunicado.
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El comunicado de la USO también enfatizó los altos niveles de endeudamiento que Ecopetrol enfrentó en administraciones previas, así como pérdidas multimillonarias en proyectos internacionales como Reficar, Bioenergy y Ecopetrol América, entre otros. Según el sindicato, estas pérdidas habrían sido producto de una mala gestión de gobiernos pasados y no de la actual administración.
De esta manera, el comentario de Cabal se suma a una serie de críticas emitidas por diversos sectores que cuestionaron la cercanía de la dirección de Ecopetrol con el Gobierno de Gustavo Petro. Roberto Schmalbach Cruz, economista y exdiputado de Santander, señaló en sus redes sociales que la USO estaría priorizando la defensa del presidente de Ecopetrol por encima de la propia empresa: ”Pueden criticar anteriores gobiernos, pero no pueden usar de taparrabos lo que hace este gobierno con Ecopetrol como subordinación”.
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La controversia también avivó el debate sobre la sostenibilidad y viabilidad de Ecopetrol en medio de las transformaciones impulsadas por el gobierno Petro, que promueve una transición energética que generaron incertidumbre entre inversionistas y sectores económicos.
En este sentido, las críticas de María Fernanda Cabal, junto con las denuncias mediáticas y los cuestionamientos éticos hacia la administración de Roa, plantean un desafío para la percepción pública de Ecopetrol. Si bien la empresa sigue reportando utilidades, estas experimentaron una caída significativa del 28% en el último trimestre, lo que también ha afectado el valor de su acción en el mercado.
Las investigaciones que actualmente se adelantan sobre los presuntos actos de corrupción no solo pondrán a prueba la integridad del presidente de Ecopetrol, sino que determinarán el impacto que estas controversias tendrán sobre la estabilidad de una de las empresas más estratégicas para la economía colombiana; por el momento, el caso sigue en desarrollo y marca un momento crítico para la empresa y su rol en el futuro energético del país.
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