Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra la Resolución 453 emitida el 8 de noviembre de 2024, en la cual el presidente Gustavo Petro designó a varios ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz. La demanda, interpuesta el miércoles 20 de noviembre, pone en duda la legalidad de la resolución, al argumentar que algunos de los exlíderes paramilitares nombrados han cometido graves violaciones a los derechos humanos, particularmente contra menores de edad.
La congresista opositora y parte de la autodenominada “bancada independiente” sostuvo que la resolución vulnera principios fundamentales de protección infantil. En su demanda, destacó que los derechos de los menores deben prevalecer sobre otros intereses, lo que la lleva a cuestionar la inclusión de personas que fueron responsables de atrocidades cometidas durante el conflicto armado, como violaciones sexuales a menores.
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“Los derechos de los niños y niñas deben ser prioritarios, y es inaceptable que personas con un historial tan grave de abusos, especialmente contra menores, sean reconocidas como gestores de paz”, expresó Miranda.
Miranda mostró su indignación al señalar que tres de los exlíderes paramilitares nombrados en la resolución—Hernán Giraldo, alias El Taladro; Héctor Buitrago, alias Tripas; y Hebert Veloza García alias HH—son responsables de crímenes atroces, particularmente contra niños y niñas, y no deben ser reconocidos como promotores de paz.
La congresista citó el caso de Hernán Giraldo, alias Macaco, conocido por su involucramiento en delitos sexuales, y advirtió que su inclusión en el proceso de paz podría representar un riesgo de reincidencia en tales crímenes. Miranda destacó que la resolución no solo designa a estos ex jefes paramilitares sin una revisión adecuada de su historial, sino que otorga a estos individuos un rol central en las estrategias de paz del Gobierno, sin modificar su situación jurídica ni ofrecerles beneficios judiciales.
Destacó las violaciones a más de 200 niñas por parte de alias El Taladro; las masacres cometidas por Héctor Buitrago, y los más de 3.000 asesinatos atribuibles a alias HH.
Además, la congresista cuestionó que las víctimas de estos crímenes no fueran consultadas ni escuchadas en el proceso de toma de decisiones, lo que, a su juicio, debilita la confianza en el proceso de paz: “Este tipo de decisiones, que premian a quienes personifican el horror y la barbarie, no solo ignoran los derechos de las víctimas, sino que también socavan la credibilidad de la paz en Colombia”.
Cabe destacar que, el Gobierno nacional defendió la decisión, al señalar que los gestores de paz tienen un plazo de seis meses para desarrollar actividades en zonas específicas, como parte de un esfuerzo para garantizar la no repetición de los crímenes cometidos en el conflicto. A pesar de la controversia generada, el presidente Petro destacó que esta es una estrategia para promover la reconciliación, basada en la experiencia de quienes han sido actores clave en el conflicto.
De esto se trata la resolución en la que se designan a exparamilitares como gestores de paz
El presidente Gustavo Petro Urrego, en su proyecto político de Paz Total, emitió cuatro resoluciones que buscan consolidar diálogos y procesos de construcción de paz con diversos actores armados y sociales del país. Las medidas abarcan grupos como el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), los Comuneros del Sur en Nariño, estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, y exparamilitares de las AUC.
La resolución 453 nombró como gestores de paz a 17 exparamilitares de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Estos actores aportarán su experiencia para diseñar estrategias de no repetición y facilitar acercamientos con grupos armados ilegales. El reconocimiento tiene una vigencia de seis meses y no altera la situación jurídica de los nombrados ni otorga beneficios judiciales.
El Gobierno destacó que la designación de los gestores de paz no afecta las medidas de aseguramiento vigentes y se enmarca en condiciones específicas acordadas con la Consejería del Comisionado de Paz. Además, anunciaron que solicitarán la suspensión de órdenes de captura para los representantes del EMC y medidas similares para los gestores vinculados a los Comuneros del Sur, en línea con los esfuerzos de reconciliación y construcción de paz en Colombia.
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