Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol, está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación.
Según Blu Radio, el fiscal Elkin Javier Ardila Espinosa recibió autorización para realizar una búsqueda selectiva en bases de datos con el fin de rastrear los recursos y estudiar el patrimonio de varias personas vinculadas a la campaña de Petro Presidente 2022.
Esta investigación preliminar busca determinar si hubo delitos relacionados con la financiación ilícita de campañas electorales y la violación de los límites de gastos.
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El proceso incluye la revisión de información contable y financiera de entidades, como la Unión Sindical Obrera (USO), la empresa de seguridad Olimpo Seguridad LTDA, TBL Live S.A.S. —que gestionó el alquiler del Movistar Arena para la segunda vuelta electoral— y Servi Red S.A..
El objetivo es obtener documentos financieros y contractuales que respalden los servicios prestados a la campaña y a la Coalición Pacto Histórico.
La jueza María del Carmen Vallejo Vallejo otorgó un plazo de treinta días, prorrogables, para que las empresas y entidades financieras proporcionen la información requerida.
Además, se busca documentación sobre productos de ahorro y crédito, así como información tributaria de Ricardo Roa y otros colaboradores de confianza.
En desarrollo de esta investigación, el fiscal Ardila Espinosa realizó audiencias de declaración juramentada a figuras clave, como el empresario catalán Xavier Vendrell, el estratega español Antoni Gutiérrez-Rubí y la tesorera de la campaña Lucy Aidee Mogollón.
Vendrell confirmó haber recibido cerca de cien millones de pesos por organizar la estructura de testigos electorales y el manejo de redes sociales, pagos que se realizaron a través de una empresa contratada por la campaña.
Por su parte, Gutiérrez-Rubí declaró haber recibido 75 millones de pesos por su trabajo en la primera vuelta, aunque estos pagos no aparecen en la plataforma Cuentas Claras.
Mogollón, en su declaración de cinco horas, reafirmó que nunca tuvo acceso directo a los recursos de la campaña, los cuales fueron manejados por Roa y otros colaboradores.
La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas en esta etapa preliminar y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos.
Ricardo Roa desmintió influencia de su pareja en decisiones de Ecopetrol
Ricardo Roa negó categóricamente cualquier influencia de su pareja, Julián Caicedo, en las decisiones de la compañía petrolera colombiana, Ecopetrol. Según declaraciones recientes, Roa afirmó que Caicedo no ha tenido ni tendrá poder dentro de la organización, desmintiendo así los rumores sobre su supuesta participación en procesos de selección y contratación en la empresa.
Además, Roa explicó que estos rumores comenzaron a circular a finales del año pasado, sugiriendo que Caicedo tenía vínculos con contratistas y procesos de selección en Ecopetrol. Sin embargo, el presidente de la compañía aseguró que la Junta Directiva está al tanto de que tales vínculos no existen.
Así mismo, aclaró que su pareja no ha firmado ningún contrato con la petrolera, aunque sí ha tenido acuerdos con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su trabajo en una empresa privada.
Del mismo modo, el presidente de Ecopetrol también mencionó que en las próximas semanas se emitirá un comunicado oficial por parte de los abogados de Caicedo para abordar estas acusaciones. Roa destacó que estos cuestionamientos afectaron la percepción del mercado hacia Ecopetrol y sugirió que podrían estar motivados por intereses políticos, posiblemente relacionados con su papel como gerente nacional de la campaña del actual presidente de la República, Gustavo Petro.
Roa se refirió a las acusaciones como infundadas, calificándolas de infamias y calumnias que buscan desprestigiarlo y desestabilizar las decisiones de las compañías del grupo Ecopetrol. Asimismo, advirtió que estas denuncias sin fundamento también podrían estar relacionadas con las estrategias de Ecopetrol para combatir las mafias involucradas en el robo de hidrocarburos, que luego son distribuidos en refinerías ilegales.
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