Gobernadora del Meta denunció ante la Cidh el reclutamiento forzado de menores por ‘Iván Mordisco’

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con la que pidió que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por la estructura criminal de alias Iván Mordisco.

El caso, centrado principalmente en el reclutamiento forzado de menores de edad en varias zonas del departamento del Meta, fue entregado directamente por Cortés al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante su visita a Washington (Estados Unidos).

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La denuncia resalta que en 18 municipios del Meta se registraron alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre los riesgos de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Cortés destacó en su misiva un caso reciente y particularmente grave: el rescate de una menor de 14 años de edad, que fue trasladada desde el Cauca al Meta en condiciones forzadas y sin la autorización de sus tutores para, presuntamente, reforzar las filas de la organización de “Iván Mordisco”.

Violaciones a los derechos humanos

En su carta a la Cidh, la gobernadora instó al organismo internacional a investigar y sancionar las violaciones que afectan a la población del Meta. Resaltó cómo estas prácticas no solo ponen en riesgo la vida de los menores involucrados, sino que vulneran otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a un nivel adecuado de vida y a la libertad.

El reclutamiento forzado de menores es una de las múltiples violaciones que, según los informes, fueron perpetradas por la estructura criminal de “Iván Mordisco”, un líder disidente de las Farc que mantiene una lucha constante con las Fuerzas Militares en la región. La gobernadora enfatizó que estas acciones son parte de un patrón más amplio de violencia que persiste en Colombia, a pesar de los esfuerzos por avanzar hacia la paz.

La denuncia ante la Cidh fue parte de la agenda de la gobernadora en Washington, donde se reunió con una serie de instituciones y actores internacionales clave. Entre ellos, se destacó su encuentro con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Usaid, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En estas reuniones, Cortés abordó temas relacionados con el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo económico y la cooperación internacional, al hacer énfasis en la importancia de la paz y la seguridad en el Meta y en todo el país.

Durante su visita, la funcionaria también habló sobre los esfuerzos del Meta por mejorar la infraestructura del departamento, con el apoyo de las organizaciones, en proyectos de salud, educación, vías, y agricultura. Además, discutió la posible financiación para programas en favor de los jóvenes, la mujer y la gobernabilidad, pilares fundamentales de su administración.

Compromiso con la paz y la justicia internacional

El hecho de que la gobernadora haya llevado la denuncia directamente ante la Cidh destacó el compromiso de su gobierno con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la violencia. A través de este acto, la mandataria reafirmó su rol como facilitadora de la paz y defensora de los derechos de los ciudadanos del Meta, particularmente en un contexto tan marcado por la violencia del narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

En la carta, la lideresa departamental solicitó la pronta atención de la comisión para que se tomen acciones claras sobre los hechos denunciados. Destacó la gravedad de la situación y la necesidad de que se sancione de manera efectiva a los responsables de estas violaciones. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a Colombia en su lucha contra el reclutamiento forzado y otras formas de violencia que afectan a los sectores más vulnerables de la población.

Con esta denuncia, la gobernadora también busca que el Meta reciba más apoyo en la consolidación de la paz y la reconstrucción del tejido social, que ha sido devastado por décadas de conflicto armado. La gobernadora reafirmó su compromiso de continuar trabajando con las autoridades nacionales e internacionales para garantizar que la paz y la justicia prevalezcan en la región.