La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) información detallada sobre el caso de una niña de dos años que falleció en el sur de Bogotá. Según reportes preliminares, la menor llegó al Hospital de Meissen sin signos vitales y con evidentes signos de violencia, lo que llevó al inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades, especialmente del padrastro de la niña.
El requerimiento de información fue dirigido a Lyda Yamile Ávila, coordinadora del Centro vZonal Ciudad Bolívar del Icbf. El Ministerio Público busca confirmar si en el Sistema de Información Misional (SIM) del Icbf existen registros de peticiones o procesos de restablecimiento de derechos previos relacionados con la menor. Esta solicitud se registró en el desarrollo de una indagación que intenta esclarecer los hechos que rodearon el trágico suceso.
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Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, expresó que este tipo de situaciones son inaceptables y resaltó la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. La declaración destaca la importancia de la protección infantil y la responsabilidad de las instituciones en la vigilancia de estos casos.
El caso captó la atención de las autoridades, que están trabajando para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de la menor y las posibles implicaciones legales para los involucrados. La Procuraduría y el Icbf continúan colaborando en la investigación para asegurar que se haga justicia y se protejan los derechos de los menores en situaciones similares.
En este contexto, es de mencionar que Astrid Cáceres, directora del Icbf, enfatizó la necesidad de que la ciudadanía denuncie casos de maltrato o violencia intrafamiliar a tiempo, tras los recientes homicidios de menores en Colombia.
La funcionaria hizo un llamado a la sociedad para que utilice los canales de denuncia disponibles, subrayando que algunos casos no llegan al conocimiento del Icbf antes de que ocurrieran las tragedias. Solo en octubre de 2024, el país fue testigo de lamentables hechos, donde cuatro menores perdieron la vida a manos de personas cercanas o familiares.
Procuraduría inicia indagación a ‘Mi Familia’ del Ccbf por posible fraude en contrato
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que inició una indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades en el programa Mi Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en el departamento de Nariño. De acuerdo con la información revelada por el órgano de control, se habrían registrado datos falsos sobre el número de hogares atendidos durante la ejecución de un contrato valorado en 8.399 millones de pesos.
El contrato, firmado con la Unión Temporal Mi Familia, tenía como objetivo realizar visitas periódicas a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil. No obstante, la Procuraduría está investigando si los datos reportados sobre las familias atendidas son verídicos o si se trata de información manipulada.
Como parte de la investigación, la Procuraduría solicitó al Icbf una copia del contrato, así como detalles de las acciones llevadas a cabo durante las fases precontractual, de firma, ejecución y liquidación del mismo. Además, se requirió información sobre posibles sanciones que el Icbf haya impuesto a la Unión Temporal por estas irregularidades.
El propósito de esta indagación es identificar a los responsables de las supuestas anomalías y determinar si es necesario iniciar un proceso disciplinario por una posible apropiación indebida de fondos del departamento. La investigación tiene como onjetivo asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos destinados a programas sociales críticos como el de prevención del maltrato infantil.
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